El sistema de educación pública ha demostrado deficiencias persistentes en atender adecuadamente a la mayoría estudiantil del país.

Puerto Rico es, tristemente, la jurisdicción con mayor desigualdad dentro de Estados Unidos. Casi la mitad de nuestra población vive bajo el nivel de pobreza. Sin embargo, la mitad del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico —institución financiada en gran parte con fondos públicos— proviene de escuelas privadas. Esta sobre representación de sectores más privilegiados podría estar agravando, en lugar de reduciendo, las desigualdades que enfrentamos como sociedad.

Mientras tanto, el sistema de educación pública ha demostrado deficiencias persistentes en atender adecuadamente a la mayoría estudiantil del país. Año tras año, los niveles de aprovechamiento académico se mantienen por debajo de los índices aceptables. El propio Departamento de Educación federal, bajo la administración del Secretario Miguel Cardona, ha reconocido que Puerto Rico tiene el desempeño académico más bajo entre todas las jurisdicciones estadounidenses. En el 2022, por ejemplo, 0% de los estudiantes de escuelas públicas de cuarto y octavo grado mostraron dominio de las matemáticas —una estadística alarmante que se ha mantenido desde el 2011, según el Nation’s Report Card.

El panorama se agrava si consideramos el impacto acumulativo de las emergencias vividas en los últimos años: huracanes, terremotos, y una pandemia. Nuestros niños y jóvenes han sido víctimas de una “tormenta perfecta” que amenaza con crear una generación olvidada, marginada por un elitismo institucional que no ha sabido adaptarse a las necesidades de todos.

Existe una visión equivocada que nos obliga a escoger entre la excelencia académica y el acceso equitativo. Pero esto no es un juego de suma cero. No se trata de que para uno ganar, otro tenga que perder. La verdad es que todos podemos ganar si nuestra Universidad se compromete a ser verdaderamente inclusiva.

No se trata de «bajar la vara», ni de hacerle el trabajo a nadie. Se trata de ejercer nuestro rol como socio principal del sistema educativo, asumiendo una visión de formación integral que abarque desde pre kínder hasta la universidad (PK–16). La Universidad debe ser guía, acompañante y motor de transformación para que cada estudiante pueda aspirar, desde temprano, a una vida de oportunidades reales.

Existen modelos exitosos. La Universidad del Estado de Arizona, por ejemplo, implementó un programa de admisión ganada, que permite a los estudiantes tomar cursos que los posicionan para ser admitidos por mérito. Este enfoque ha demostrado que la excelencia y el acceso no son mutuamente excluyentes.

En Puerto Rico, es urgente que reconozcamos y asumamos esa misma responsabilidad. Que miremos hacia nuestros estudiantes del sistema público no como casos excepcionales, sino como nuestra prioridad. Porque ellos también aspiran —y merecen— una educación de calidad en la institución pública del país.

La universidad con la que me comprometo como líder es una herramienta de movilidad social, no un filtro de exclusión. Después de todo, si no nos comprometemos con una educación superior verdaderamente accesible, ¿qué bienestar duradero y desarrollo económico podemos legar a las futuras generaciones?