La Legislatura Municipal de San Juan está próxima a evaluar posibles consecuencias para los involucrados del programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) --implementado bajo la administración de Jorge Santini Padilla--, luego de darse a conocer que al menos $1.3 millones de ese tributo no fueron utilizados para sus propósitos.

La reacción, que podría darse a conocer en las próximas semanas, se basa en el informe de la Oficina de la Contralora publicado a finales de junio, en el cual se confirmó la desaparición del dinero, pero no se realizaron referidos a agencias fiscalizadoras.

'Yo pienso llamar a una comisión, la Comisión de Hacienda, para plantearle el asunto de lo que debemos hacer nosotros como Legislatura Municipal, tanto para investigar el paradero de los fondos, como el cobro de los fondos y el procesamiento a cualquier persona que haya estado involucrada en esto', señaló a NotiCel Marco Rigau Jimenez, presidente del colectivo.

Rigau Jimenez aseguró que ya cuenta con una idea de los posibles desenlaces, pero prefirió no comentar sobre ellos hasta tanto los discuta con sus correligionarios y asesores legales.

El TDD consistía de un trato entre el gobierno municipal y los dueños de terrenos privados para que no se construyera en esos espacios con el fin de conservarlos. Aunque la Legislatura Municipal lo derogó en el 2013, Rigau Jimenez consideró la iniciativa como buena idea. Por esa razón, las conversaciones con su equipo de trabajo abordarán la posibilidad de restablecer el arbitrio o no.

'Es una buena idea usar ese dinero para preservación de áreas que no están desarrolladas, la idea no es mala. Lo que ocurrió fue que no se cumplió con eso. Ese fue el problema', indicó Rigau Jimenez.

Una de las recomendaciones del informe de la Contralora previo a una futura reactivación del programa yacía en arreglar los incumplimientos del TDD con la Ley 81 de 1991, o Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 y el 'Reglamento de las Nuevas Competencias para viabilizar el Desarrollo Urbano', o Reglamento de Planificación Núm. 21, adoptado por la Junta de Planificación el 5 de agosto de 1992.

Entretanto, Rigau Jimenez confirmó que los legisladores municipales, al igual que la Comisión de Hacienda, recibieron una copia del informe de la Contralora y debe ser el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, quienes tomen acción sobre el informe.

'A quien le corresponde ejecutar es al Ejecutivo [Rosselló Nevares], pero nosotros podemos sobre este asunto hacer algo. […] Lo que yo puedo hacer y voy a hacer es citar a la legislatura y conversar con ellos sobre esto y tambien pedirle la opinión a la Rama Ejecutiva, a la alcaldesa o quien ella designe sobre este asunto', apuntó Rigau Jimenez.

En conversaciones previas, representantes de Cruz Soto indicaron que el asunto le correspondía a la Legislatura Municipal, porque fueron quienes hicieron la denuncia ante la Contralora en el 2013.

Como medida preventiva, la Ejecutiva ordenó la cancelación del programa, acto que fue acatado por la Legislatura Municipal.

Al comparar la información del Municipio con los datos suministrados por la Oficina de Planificación y la Oficina de Permisos, la Contralora descubrió que el documento municipal carecía de una cifra de $1,287,656, por concepto de recaudos efectuados de noviembre de 2006 a junio de 2010.

La Contralora relató que no pudo conocer con exactitud las recaudaciones en el Municipio a raíz del Programa de TDD. De esa suma, la agencia fiscalizadora confirmó a NotiCel que se gastó todo y no fue devuelto ni un solo centavo.