Si alguna vez se ha preguntado por que la tecnología al alcance de los policías de Puerto Rico en su patrullaje diario no se parece remotamente a lo que se ve en otras jurisdicciones o a lo que muestran los programas de televisión sobre crimen, la Contalora le tiene para su consumo una auditoría en la que se hace un relato patetico del sainete administrativo que ha provocado que la Policía de Puerto Rico siga con tecnología primitiva y que se hayan desperdiciado por lo menos $18.9 millones en fondos públicos.

Además del relato que abarca desde 1992 hasta 2012, la Contralora señala que todavía hoy hay problemas que atender en cuanto a los privilegios de acceso a las bases de datos de la Policía, que pueden provocar la divulgación de información confidencial o la manipulación de la información almacenada. Estos hallazgos pertenecen al Negociado de Tecnología y Comunicación y, según el informe, los exjefes policiacos Héctor Pesquera y James Tuller no contestaron los hallazgos.

'Luego de transcurridos más de 20 años desde el inicio del primer proyecto, las patrullas de la Policía aún no cuentan con el equipo tecnológico que le permita a sus agentes acceder a los sistemas, y a las bases de datos de seguridad pública y del Sistema DAVID Plus, al momento de realizar las intervenciones, y obtener información en tiempo real (real time) sobre las personas y los vehículos intervenidos. Dicha información sería de gran utilidad para el cumplimiento de la misión de proteger a las personas y a la propiedad, y de mejorar la calidad de vida en Puerto Rico; y para proteger las vidas de los agentes', expone la auditoría de la Contralora.

Añade que, actualmente, las patrullas solo cuentan con radios móviles con los que los agentes se comunican con Centro de Mando para que entonces allí le busquen y provean la información. Además, la Policía aún no cuenta con un sistema para emitir electrónicamente los boletos de multa por violaciones a la Ley de Tránsito, lo que facilitaría el registro de los mismos al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el cobro en el Departamento de Hacienda.

Entre mayo de 1992 y junio de 2012, se iniciaron tres proyectos a cargo de distintas entidades gubernamentales para proveerles equipos tecnológicos a las patrullas de la Policía. Esto, con el objetivo de que estas patrullas se pudieran comunicar con distintas bases de datos para obtener información sobre conductores, licencias y vehículos de motor.

En la Administración Hernández Colón, se creó la Junta Operacional para Acción Vehicular (JOAV) para implantar el Proyecto Interagencial de Acción Vehicular (PIAV) con los propósitos de obtener, mediante unos terminales de computadoras, información sobre las vigencias de las licencias de conducir, de los antecedentes del conductor en cuanto a los accidentes de tránsito y el uso de alcohol o drogas, y de los vehículos hurtados y su uso en actos delictivos; y reducir el tiempo en que las patrullas de la Policía y las unidades de emergencias médicas llegaban a prestar servicios en lugares de accidentes de tránsito. Para esto, se invirtieron $21.7 millones, de los cuales $13.7 millones fueron a adquirir computadoras y servicios. Pero en 1993, tras inaugurarse la Administración Rosselló, el PIAV fue descontinuado sin haberse logrado los objetivos trazados. El equipo adquirido para la Policía se usó para otros propósitos.

Luego, en 1999, la Policía inició el proyecto conocido como Sistema de Automatización de Patrullas, para comunicación inalámbrica entre el Cuartel General y las patrullas. En ese año, el entonces superintendente, el fenecido Pedro Toledo, otorgó un contrato por $6.3 millones para la implantación del sistema bajo el cual se adquirieron 250 computadoras e igual número de impresoras, ambas en modalidad portátil, para las patrullas. Pero, tras gastar $3.1 millones en la compra de equipo y $1.7 millones en servicios para la empresa contratada, la entidad se declaró en quiebra y el proyecto no se completó. El equipo quedó almacenado hasta que luego se integró parcialmente a lo que luego se conoció como LERS (Law Enforcement Records System).

El relato de la Contralora se mueve entonces a la Administración Fortuño, durante la que, en 2011, se asignaron $20.3 millones para el pago de Proyectos de Tecnologías de Información Gubernamental. Mediante acuerdo interagencial, los proyectos planificados incluyeron la implantación de: un sistema de tabletas para expedir multas, y un sistema de vídeo vigilancia en varios puntos de la Isla. Como parte del acuerdo, el Banco Gubernamental de Fomento otorgó un contrato en 2012 para la implantación del proyecto piloto Mobile Data Terminals and Electronic Ticket System en la División de Patrullas de Autopista de Salinas. El contrato tenía vigencia del 13 de julio de 2012 al 15 de septiembre de 2013, y un costo de $429,410 que incluía: $175,960 para la adquisición de 20 terminales de tabletas y servicios de conexión de datos, $24,450 para la adquisición de la aplicación y el servicio de Internet para conectarse al Sistema DAVID Plus, y $229,000 para servicios profesionales. En el proyecto, los oficiales quedarían conectados también a sistemas de información criminal de Estados Unidos. De hecho, en octubre de 2012 el contrato se enmendó por $281,652.14 para dividir el proyecto por fases, cambiar la cantidad y tipo de tableta (de Panasonic a Samsung), e instalar una aplicación distinta. Con estos cambios, se distribuyeron 25 tabletas y se realizó trabajo en la calle en Salinas y Aguadilla por los últimos seis meses de 2012. Sin embargo, en 2013 tras inaugurarse la Administración García Padilla, el BGF notificó a la empresa que cancelaba el contrato porque las tabletas no se conectaban con el sistema de información del Departamento de Justicia.

Según la Contralora, las tabletas 'se mantenían almacenadas en el Cuartel General de la Policía sin darles uso alguno'.

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Auditoría de la Contralora sobre tecnología en la Policía - NotiCel_12371