Con las cuatro órdenes de arresto diligenciadas el jueves por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) contra oficiales de la Policía de Puerto Rico, se intervino por primera vez con un patrón de abuso policiaco que los vecinos de la Barriada Morales en Caguas han sufrido durante años.

"Hoy lo que en realidad hay es justicia de una vez y por todas para una comunidad que ha sido acosada yhostigadapor la Policía", expresó el líder comunitario Yamil Colón Almena,refiriéndose a los numerosos intentos fallidos de que sus denuncias fueran escuchadas.

Colón Almena recordó cuando el Grupo de los Cien, operativo adscrito a la Policía de Puerto Rico, entraba a la barriada Morales tumbando puertas, sin orden de allanamiento, rompían los televisores de la gente, los despojaban de sus pertenencias, y la comunidad se quedaba neutralizada, sin saber qué hacer.

"Nunca salía a relucir porque en aquel momento éramos un poco ignorantes con lo que podíamos y no podíamos hacer. La comunidad se fue cansando de los abusos y buscamos las herramientas posibles", dijo el líder del Consejo Integral Comunitario de la Barriada Morales.

El 15 de agosto del 2015, la Policía de Puerto Rico intervino en la comunidad. Colón Almena contó cada detalle. Cuando ya tenían al joven en cuestión arrestado en el piso, le pegaron un 'taser' (pistola eléctrica) en el cuerpo.

En ese momento, el vecino de la calle de al frente, Arturo Centeno -un policía retirado-, le indicó al agente Antonio Rodríguez Ortiz, identificado con su nombre en el pliego acusatorio diligenciado por el FBI, que "eso no se podía hacer, que eso era abuso, que eso era una tortura porque ya lo tenían arrestado".

Junto al agente, estaban el sargento Máximo Cano Díaz y el exagente Javier Ortiz González, quienes luego de amenazar a Centeno con arrestarlo "por bocón"arremetieron contra la vecina Xiomara Rivera, quien los grababa con el celular para guardar evidencia del abuso policial.

"Empiezan a gritarle cosas a Xiomara. Cuando se mete a su casa, [los agentes] empiezan a forcejear los portones, la forcejean a ellos, le apuntan eltaseren la barriga y ella estaba embarazada, le escupieron en la cara, le gritaron. Luego el esposo de Xiomara les dijo que no le pegaran eltasery un agente invita a pelear al esposo con palabras soeces frente a los hijos de ambos", relató.

Días después, los agentes siguieron rondando la zona, "hostigando" a la vecina Rivera para que dejara de querellarse, pero no consiguieron aplacarla. Desde el Consejo Integral Comunitario de la barriada, ya se habían estado preparando. Tomaron talleres de derechos civiles, de derechos humanos, y de cómo reaccionar frente a la Policía ante un caso de abuso.

El grupo comunitario convocó reuniones con las autoridades. La Policía municipal se presentó, pero ellos no eran los protagonistas del abuso. Por el contrario, la Policía Estatal ni su Comisionado se presentaron a las reuniones. Su ausencia no estuvo acompañada ni de una justificación para no escuchar los reclamos de la comunidad, aseguró Colón Almena.

Como a nivel estatal no se les atendió, los vecinos acudieron a querellarse a nivel federal a través de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). La gestióndesembocóen las cuatro órdenes de arresto diligenciadas hoy contra los agentes involucrados en el acto.

"Debe haber un cuerpo que esté pendiente y también, deben ser más rigurosos en la educación hacia la Policía. Según lo que hemos visto y presenciado dentro de la comunidad, necesita un poco más de educación", concluyó.