Una demanda civil radicada en el Tribunal Federal revela detalles sobre la distribución legal de armas en Puerto Rico, un negocio millonario que, según el propio pliego, está a cargo de personas conectadas tanto a la fiscalía federal como a la Policía.

La reclamación está radicada por la empresa A.E. Rodríguez, Inc., una empresa familiar dedicada a la distribución que traza sus orígenes a 1938 bajo el mando de su fundador, Agustín E. Rodríguez Torres. El hombre es el padre de la actual presidenta de A.E. Rodríguez, Inc., Mirtza Rodríguez Velez y de su hermana, Rosa Emilia Rodríguez Velez, la jefa de fiscales federales en Puerto Rico desde 2007, aunque es fiscal en esa oficina desde 1988.

Según una declaración jurada de la presidenta de la empresa, la manufacturera de armas Glock, la marca preferida por las agencias de ley y orden, suscribió con ellos un acuerdo de distribución exclusiva en Puerto Rico en 2009, fecha posterior a que su hermana se convirtiera en jefa de fiscales.

En entrevista con NotiCel, la jefa de fiscales aseguró que en 1996 cedió a su hermana las acciones de la empresa que heredó tras la muerte de su padre en 1994 y que no tiene vinculación con la compañía. Sostuvo que, por esto, no estaba obligada a hacer ninguna divulgación administrativa o etica a sus superiores con relación a los negocios de su hermana con agencias de ley y orden en Puerto Rico. Como jefa de fiscales, Rodríguez Velez promovió acuerdos de cooperación con varias entidades del Gobierno de Puerto Rico, específicamente acuerdos para facilitar el procesamiento a nivel federal de criminales que la Policía hubiera detenido con armas ilegales. Tambien, encabezó un sonado caso contra la armería Lawman Gun Shop en Bayamón, por falsificar permisos de armas en conjunto con el tambien convicto abogado notario Antonio Peluzzo Perotin.

Añadió la funcionaria que su hermana vendió la empresa y que los nuevos dueños sometieron la acción, cosa que en los documentos del caso se precisa que ocurrió en julio de 2018. Sin embargo, la declaración jurada de Mirtza Rodríguez sometida como parte del caso fue firmada el 28 de agosto, la semana pasada, en calidad de presidenta de la empresa. El documento abunda que de 2009 a 2016, Mirtza Rodríguez Velez le desarrolló un mercado a Glock que elevó sus ventas en la Isla de $50,000 en 2009 a $1,032,207 en 2014.

Esta historia de exito estuvo sustentada con contratos con la Policía de Puerto Rico, las policías de los municipios de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Carolina, Ponce, Moca, Manatí y Cataño, además de la Administración de Tribunales, el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales, el Departamento de Recursos Naturales y unidades especiales del Departamento de Corrección. A estos, Mirtza Rodríguez aplicó sus 'intensos esfuerzos' para mercadear las armas y accesorios de la marca Glock al punto que Glock dominaba el 75% de la venta de armas en Puerto Rico.

Pero la historia se volvió agria en 2015.

En ese año es que Mirtza Rodríguez sostiene que Glock dejó a un lado la exclusividad con A.E. Rodríguez, Inc. e introdujo a un nuevo jugador en su red de distribución en la Isla, la compañía Armchar Wholesale, Inc., una empresa de Rochester, Nueva York, que creó el alter ego Armchar Caribe, Inc.

Según la declaración de Mirtza, el 'representante de Ventas' de Armchar es un 'Comandante e Instructor de Armas para la Policía de Puerto Rico'.

La demanda solicita al tribunal un interdicto para obligar a Glock a reestablecer el acuerdo de distribución exclusiva y restitución de $5 millones por distintos conceptos de daños económicos.

El abogado de A.E. Rodríguez, Inc. es el notorio John F. Nevares, tío del gobernador Ricardo Rosselló y quien apenas hace unas semanas fue demandado por sus propios clientes en el caso por la explosión de la refinería CAPECO ya que estos alegan que les ocultó información sobre el acuerdo realizado con la refinería y de irregularidades en el desembolso de sus pagos de compensación.

Recientemente, una evaluación mundial sobre las muertes por armas de fuego colocó a Puerto Rico en la decima posición del globo con mayor cantidad de muertes debido a armas de fuego.

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