El presupuesto actual arrastra una deficiencia en los recaudos, y para el economista Jose Joaquín Villamil, la única manera de resolverlo dentro de los próximos dos meses es mediante algún aumento de alguna contribución que sea fácil de implantar, por ejemplo, incrementar el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) a un 10%.

Villamil sostuvo que son pocos los ajustes adicionales que se pueden hacer para recortar gastos dentro de los próximos dos meses.

'El problema más serio es realmente diseñar la medida para asegurar que se pueda someter un presupuesto balanceado para el 2016 que empieza el 1 de julio. Ahí mi posición ha sido el que se confundió la urgencia de generar esos recaudos para el 2016 con la necesidad de aprobar una Reforma Contributiva. Y son dos cosas distintas. Se podía resolver el problema inmediato y urgente de recaudos para balancear el presupuesto 2016 sin tener que aprobar un proyecto de Reforma Contributiva, que es mucho más complejo. Me parece que el equipo financiero del Gobernador lo convenció de que para resolver el problema inmediato tenían que hacer lo otro, y en realidad no era necesario', apuntó.

En entrevista la semana pasada con Noticentro, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que aumentar el IVU no está entre sus primeras opciones, porque es una medida regresiva.

En contraste a la postura de García Padilla, el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, José Rafael Nadal Power, al ser abordado por este diario digital se mostró abierto a un incremento del IVU, dado que es un sistema que el Departamento de Hacienda conoce, le seria de fácil implantación aunque requiera ajustes para mejorar su fiscalización. Destaca que esta alternativa le permitiría al fisco allegar recursos suficientes para mantener el gobierno operando. Sin emabrgo, no se cerró a la banda de buscar otras alternativas que también sean de fácil y rápida implantación.

A pesar del freno del Ejecutivo de un posible incremento del IVU, Villamil también detalló a NotiCel que otras alternativas son el establecer una contribución sobre las ventas brutas de las megatiendas, derogar la Ley 186 de 2014 que redujo los arbitrios que se pagan por los automóviles o imponer una sobretasa a las viviendas que tengan un valor de más de $500 mil o $1 millón.

'Hay muchas opciones que están en juego y que podrían examinarse, a ver cuál de ellas seria las que más rápidamente y más eficientemente recaudan lo necesario', determinó el economista.

Villamil también observó que ya el Gobierno ha implantado otras estrategias para generar dinero, como la amnistía de deudas contributivas que finaliza el próximo 30 de junio.

Por su parte, Nadal Power, aquilató que 'todas estas cosas del ‘transfer pricing' son muy buenas, pero tardan en implantarse. Una medida de ‘transfer princing' si lo hacemos de la manera correcta conlleva hacer estudios individuales sobre las prácticas de estas empresas con peritos, personas que hay que contratar porque el Departamento de Hacienda no tiene el personal internamente que conozcan de este tipo de transacción'.

El legislador expuso que en el Código de Rentas Internas del 2011 existen disposiciones sobre el 'transfer pricing', pero esta 'casi inoperante' porque el Departamento de Hacienda no cuenta con los recursos para ponerlo a funcionar.

'Hay margen para mejorar lo que hay en la ley. Se puede ser más agresivo, pero a lo que llega el recaudo va a pasar más de un año, así que esa no es una medida inmediata', determinó Nadal Power.

De paso, el legislador aseveró que el derogar la reducción del arbitrio de vehículos de motor, no resuelve el problema de ingresos porque no levantaría la cantidad de fondos que está necesitando el Gobierno. Y sobre la imposición de una sobretasa a ciertas viviendas, dijo que es algo que requiere análisis sobre los efectos económicos porque la administración Fortuño usó este mecanismo el pasado cuatrienio, y tuvo un impacto 'muy severo en los propietarios'.

Sobre la posibilidad de que García Padilla presente una nueva Reforma Contributiva, Nadal Power, resaltó que no es una medida que debe tomarse en consideración ante la amplia oposición que tuvo la propuesta.

Por otro lado, Villamil avala se le impongan un impuesto por el 'transfer pricing', como una medida de obtener ingresos que ayuden a cuadrar el próximo presupuesto a la vez que se ponen a las empresas locales en mejor posición competitiva frente a las megatiendas.

El 'transfer pricing' son las transacciones de compra-venta que hacen las subsidiarias de las megatiendas con sus matrices para transferir estratégicamente parte de sus ganancias fuera de Puerto Rico sin necesariamente pagar las contribuciones debidas.

El economista desconoce si el Ejecutivo está abierto a considerar la propuesta que venían empujando los representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres, pero se inclinó en que la tasa del impuesto sea por debajo de 6% como se proponía originalmente.

Según Villamil solamente entre Walmart (que incluye a Sam's y Amigo), CVS, Walgreens, K-mart y Cotsco fácilmente podrían estar generando por lo menos alrededor de $7,000 millones o $8,000 millones en ventas totales. Si se les impone un impuesto de 4% son alrededor de $280 millones a $320 millones en recaudos adicionales.

En otros aspectos, expuso que la reorganización del aparato gubernamental debe buscar logar una mayor eficiencia dentro del Gobierno. Para ello entiende que es crucial el trabajo que hará la nueva comisión conformada por el Primer Mandatario.

'Hay que mirar qué procesos del Gobierno están vigentes ahora que o no son necesarios o podrían llevarse a cabo de manera más eficiente por municipios o por entidades regionales. Entonces, luego de esto estás en posición de decidir qué agencias debe o no deben existir y cuáles se deben consolidar', planteó.

Pese a esto, rechazó la propuesta de algunos alcaldes de que se les permita a los municipios cobrar el IVU, en momentos que el Gobernador habla de reestructurar el Departamento de Hacienda.

En ese sentido, manifestó que 'esa tarea no se le debe delegar a los municipios porque es una tarea muy característica de los Gobiernos Centrales y crearía toda la necesidad de montar otra estructura burocrática, porque una vez los municipios reciben los fondos tendrían que devolvérselos al gobierno central, y eso es bastante más complicado de lo que se ha hecho ver. Hay algunos municipios que pueden hacer eso, otros obviamente no. Si se decidiera hacer, requeriría un proceso largo de planificación, de crear las estructuras apropiadas, y de asegurar establecer unos mecanismos de salvaguarda. Yo pienso que es mejor que el proceso de recaudación se mantenga a nivel del gobierno central'.

Finalmente, Nadal Power destacó que el Senado desde hace semanas tienen un equipo trabajando con un plan de ajuste del gasto público, el que entiende sería 'ambicioso' llevarlo al nivel de $1,000 millones, por eso se debe acompañar con medidas que aumenten los ingresos del fisco dado los incrementos en gastos por el pago servicio de la deuda y Mi Salud.

El viernes su homólogo en la Cámara de Representantes, Rafael 'Tatito' Hernández, afirmó que estaban considerando reducción de jornada laboral de los empleados públicos, y limitar el tiempo compensatorio.

'No es un escenario que por lo menos en el Senado hemos estado contemplando. Eso ni siquiera se ha discutido en ningún momento aquí. El Gobernador no va a despedir gente y es la meta de todos nosotros', sentenció Nadal Power.

Este admite que recortar gastos del Gobierno es 'sumamente complejo' porque si te enfocas en la nómina terminas afectando la economía como ocurrió con la Ley 7, y si bajas las compras de bienes y servicios terminas impactando adversamente a entidades que les prestan servicios a los ciudadanos que el Estado no puede ofrecer.

Por eso, el Senado tiene sobre la mirilla una 'reingeniería gubernamental', que podría contemplar la consolidación o eliminación de agencias.

Entretanto, Nadal Power catalogó como medidas 'simbólicas' y sin mucho impacto, las recomendaciones del economista Carlos Colón de Armas de frenar las aportaciones a los partidos políticos, los 'subsidios' a las estaciones de radio y de televisión y reducir el presupuesto de la Legislatura.