El Tribunal de Primera Instancia de San Juan amaneció hoy con una vista evidenciaria a raíz de la disputa entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ante la denegación de unas 600 solicitudes para emitir el voto por adelantado de electores encamados.

A tenor con la orden emitida por el Tribunal Supremo ayer en la noche, lajuezaAileenNavasAugerarrancó esta mañana en la sala 907 y propuso unas reglas de juego para estructurar la presentación de la prueba.

La sala recesó desde cerca del mediodía hasta las 2:30 de la tarde para que las partes pudieran reunirse y estructurar el desfile de prueba, aclarando qué evidencia presentaría por cada una de las controversias y qué hechos se estipularían. Reiniciadas las labores, - y después de imponerle una sanción de $100 a cada abogado que estuvo ausente cuando la juezalevantó la sesión -, la jueza Navas Augerllamó la atención a los licenciados.

'No es hoy que ustedes tenían que estar listos, es al momento de la radicación de recurso... Van, agilizan el mecanismo en el Tribunal, y llegan aquí y no tienen la prueba, no han examinado los documentos y no saben cuántas solicitudes son. Aquí nos quedaremos hasta que termine. Sobre esta controversia vayan diciéndole al doctor Dennis Rivera que está on call', manifestó la togada en un momento en que los abogados estaban detenidos en argumentos sin presentar evidencia.

El doctor Dennis Rivera es el galeno impugnado del precinto 54 de Utuado, del cual 78 solicitudes de voto por adelantado fueron anuladas. Esto se debió en parte a que, alegadamente, el doctor carecía de la licencia vigente para ejercer la medicina. A la sala, se llevó documentación expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en la que certificaba que al 8 de septiembre del presente año, el galeno no tenía licencia vigente, y el 21 de septiembre ya había logrado los requisitos para recibir un 'good standing'.

Según la licenciada Brenda Berríos, en representación del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), un breve repaso por las solicitudes impugnadas de Utuado mostraba que las solicitudes fueron firmadas antes de la fecha en que el doctor Rivera recibiera su certificado de 'good standing' para ejercer la profesión.

Pasadas las 5 de la tarde, se sentó el primer testigo a declarar. Se trataba del doctor Carlos Heredia, dedicado a la medicina general desde su oficina en Morovis. De acuerdo a su testimonio, fueron funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) quienes se acercaron a él para pedirle que evaluara a decenas de personas que pudieran necesitar voto por adelantado.

Con un paquete de 82 folios, uno por cada solicitud que fuera anulada por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el galeno corroboró que en efecto era su firma la que aparecía abajo de cada uno de los documentos que, a juicio suyo, certificaban la necesidad de los pacientes de recibir acomodo para votar.

Sin embargo, a preguntas del cuerpo de defensa de la parte demandada, el doctor tuvo que reconocer que algunos de los papeles carecían de la firma del paciente, y en el espacio en blanco provisto en el formulario para justificar el motivo de la firma ausente, no había una sola palabra escrita.

Además, el testigo admitió que en muchos de los documentos solo aparece su puño y letra desplegado en su firma, la fecha y su número de licencia, por lo que otras tipografías o letras mecanografeadas aparecían en el documento. Esta fue una de las razones que dio la CEE para anular las solicitudes, presumiendo que el galeno solo firmó los documentos. Sin embargo, este se defendió estableciendo que esta práctica es común y que era la enfermera asignada quien llenaba el resto de la información.

Por otro lado, fue cuestionado el que el médico no tenía su oficina en Añasco y aun así firmó más de 85 solicitudes en espacio de dos semanas. Sin embargo, como bien defendió el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, y luego estipuló la jueza, no existe ninguna disposición que impidaque el médico que certifique la condición de los encamados o las personas con problemas de movilidad, resida en el mismo municipio que el elector.

Del lado derecho de la jueza, se encontraba la representación legal de la parte demandante, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, y del lado izquierdo, la representación legal de la parte demandanda, compuesta por la presidenta del CEE, Liza García, el comisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio Acha, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a través de su comisionado electoral Roberto Aponte Berríos, y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) con su comisionado electoral José Córdova Iturregui.

Las razones que llevaron a que el comisionado electoral del PPD impugnara cientos de solicitudes de encamados - la presidenta del CEE terminó por anular 600 de éstas -, incluía la alegada utilización de médicos que no habían visitado a sus pacientes, otros que no tenían licencia al día, que eran empleados públicos y carecían de autorización para realizar trabajo privado, que habían certificado demasiadas personas en un día, a difuntos o a personas que podían trasladarse a un centro de votación, e incluso, que supuestamente se había registrado la firma de personas sin que estas hubiesen solicitado el voto.

Por su parte, el comisionado electoral del PNP acudió al Tribunal Supremo para impugnar la determinación de la CEE.El más alto foro judicial emitió ayer en la noche una ordenpara que la jueza Navas Auger, nombrada comisionada especial, llevara a cabo una vista evidenciaria entre hoy sábado y mañana domingo, y el martes, 1ro de noviembre a las 3 de la tarde llegue a una conclusión.

Al cierre de esta edición, todavía las partes estaban reunidas en el Tribunal. Las labores seguirán mañana a las 9:00 a.m., hora a la que han sido citadas unas seis personas por la representación legal del PPD, entre ellas la comisionada electoral local de Cataño.