Con la excusa de una emergencia fiscal, esta administración ha convertido todas las corporaciones públicas en meras agencias de gobierno al otorgarle el poder al Gobernador de destituir a sus juntas de directores. La intervención directa del ejecutivo rompe con el principio para el que fueron creadas las corporaciones: operar con cierta autonomía del gobierno.

'Es muy lamentable. Esto es la politización... hemos politizado las corporaciones públicas', según el Dr. Mario Negrón Portillo, catedrático jubilado de la Escuela de Administración Publica de la UPR.

Negrón Portillo dijo que la politización de las corporaciones públicas es resultado indirecto de la Ley PROMESA que las convierte en una mera extensión del ejecutivo bajo el argumento de que hay que resolver la crisis fiscal.

Sostuvo que el gobierno ha aprovechado la Ley PROMESA como excusa para tomar control de las corporaciones públicas, entidades que fueron creadas para operar con autonomía de los gobernadores de turno.

Aunque en mayor o menor grado, todos los gobiernos han intervenido con las juntas de las corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras entidades cuasi públicas, la Ley 3 para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, ha destapado lo que antes se hacía disimuladamente.

'A partir de la vigencia de esta Ley, el Gobernador podrá remover de la junta de directores de una corporación pública, agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidios del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a la Universidad de Puerto Rico, a cualquier miembro que entienda que no está ejecutando la política publica establecida por este o que no goce de su confianza ...', dice la legislación.

'Con esto las cosas se han puesto encima de la mesa. Ya no hay el interés de ocultar la intervención del gobierno central. Ahora se ha hecho abiertamente. Esa ley lo que le dice es que tienen que seguir las directrices que el Gobernador establezca. Ya se acabó de eliminar la cortina que había (sobre la autonomía). Han salido del clóset', dijo el catedrático jubilado de la Escuela de Administración Pública de la UPR.

Las corporaciones se crearon originalmente para atender unas necesidades que el gobierno directamente no podía atender y se suponía tuvieran cierto grado de autonomía precisamente para no estar sujetas al vaivén de los cambios de gobierno. Indicó que para lograr esa autonomía, las corporaciones públicas tenían que responder a sus juntas de directores y no al gobierno central.

De acuerdo al académico, 'la idea era que tuvieran autonomía del gobierno central del ejecutivo. Se crearon para que funcionaran como entes semi-privados o cuasi públicos Este tipo de acción lo que hace es meter la política partidista de lleno a las corporaciones públicas'.

Negrón Portillo no descarta que el gobierno utilice ese poder para hacer lo mismo con la Universidad de Puerto Rico bajo el argumento del desfase en las finanzas.

'Lo próximo será la UPR. Con ese argumento dirán que la Universidad tiene que responder ante estos asuntos económicos y botarán a la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno y pondrán una gente para hacer lo que el gobierno dice', señaló.

Dijo que el gobierno debe tener mucho cuidado si decide intervenir en la UPR ya que puede provocar que se pierda la acreditación de la Middle States Association, ya que uno de sus señalamientos históricos a la UPR ha sido la politización de su Junta de Gobierno y la excesiva injerencia del gobierno en la toma de decisiones de la institución educativa.

'La ley PROMESA no va a durar eternamente; pero una vez se abre la puerta a la intervención de ejecutivo en las corporaciones con una legislación como esta, cómo la cierras después? Hay que tener mucho cuidado, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad', cuestionó Negrón Portillo.

Y es que, según el académico, en algún momento no habrá Junta de Control Fiscal ni una Ley PROMESA. Sin embargo, la ley que permite al gobernador intervenir con las juntas de directores seguirá vigente y provocará que de ahora en adelante cada gobernador de turno justifique las razones por las cuales las juntas de directores deben responder a su política pública al amparo de esta ley.