El Departamento de Justicia (DJ) recomendó en la mañana de hoy la asignación de un Fiscal Especial contra al alcalde de Guaynabo, Hector O'Neill, tras finalizar la investigación preliminar contra el primer mandatorio municipal, quien pudo haber incurrido en un total de 20 violaciones a la ley.

En conferencia de prensa celebrada en la sede de la agencia, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, en conjunto con el director del panel del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López, la directora de la división de Integridad Pública, Mibari Rivera y la fiscal asignada para la investigación, Lynnette Velázquez Grau, informó su decisión.

"La recomendación dispone que el Departamento de Justicia encontró que existe causa suficiente para creer que el alcalde O'Neill pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones a los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la ley 54 de violencia doméstica", mencionó Vázquez.

El DJ terminó su labor en torno al caso del alcalde pues alegan que no pueden acusar ni arrestar o destituir del puesto de O'Neill. Resta ahora que se asigne un FEI para que comience su proceso de investigación y se determine si hay causa para la radicación de cargos correspondientes. Para este proceso, el FEI tendrá un total de 90 días para informar su determinación.

El informe enviado al FEI contiene un total 53 paginas incluyendo entrevistas, documentos declaraciones juradas narradas por dos perjudicas, análisis legal y con la recomendación de la designación de un FEI.

De igual forma, la Secretaria mencionó que a raíz de la investigación realizada surgió una segunda víctima. "Hay otra perjudica que nos vamos a reservar el nombre por razones obvias. El DJ tuvo la oportunidad de entrevistarla", indicó Vázquez, quien resaltó que la fémina pudo haber sido empleada municipal.

Además de las violaciones a los artículos ya mencionados, también se encuentran tres violaciones a los artículos 135 y 136 del Código Penal por acoso sexual y exposiciones obscenas en algunos de estos cargos contra dos perjudicadas, artículos 252 y 281 por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos.

El artículo 255 del Código Penal de 2004 por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, artículo 4.2 (b) a la Ley de Ética Gubernamental que se debe a que un servidor público no puede utilizar deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener directa o indirectamente cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

A preguntas de la prensa referente a la cantidad de dinero por la cual llegó a un acuerdo entre las partes y si en efecto se investigaba el origen del dinero, Vázquez dijo "en ausencia de que estas personas quisiera prestar declaraciones juradas, el DJ lo que hizo fue recomendar en ese informe que evalúen si hubo o algún esquema en que se hicieron esos pagos".

Si el FEI no procede a la radicación de cargos, el caso de O'Neill llegaría a su fin.

El 3 de marzo pasado, el DJ tuvo conocimiento de una querella en el unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la oficina sobre el FEI, en torno a una situación referida por una agente de la Policía Municipal contra el alcalde.

Dos días después, O'Neill realizó una conferencia de prensa expresando la situación ocurrida entre él y una mujer policía del municipio de Guaynabo y que habían resuelto a través o mediante un acuerdo entre las partes.