El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, acudió al tribunal hoy, miercoles, para enfrentar acusaciones de extorsión, malversación de fondos y perjurio. Junto a el coincidieron dos convictos del caso federal contra Anaudi Hernández: Xavier González Calderón y Glenn Rivera Pizarro.

González Calderón fungió en ese entonces como el administrador de la Cámara de Representantes y fue quien solicitó al también acusado Victor Burgos, quien en ese entonces trabajaba en la Cámara como director de Informática, que aceptara el contrato propuesto por3CommGlobal Inc. para el reemplazo del cuadro telefónico en la Cámara.

Aunque de primera instancia, Burgos recomendó que no se debía aceptar el contrato, González Calderón ejerció presión al funcionario pues decía que 'hay que darle el contrato a (Anaudi) Hernández, porque es amigo de Perelló'.

Al principio del casoAnaudi, se reveló que González Calderón había cometido conspiración para permitir que la compañía de 3Comm recibiera el contrato en la Cámara otorgándole al entonces recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) la información de sus competidores.

Consiguientemente, el servicio provisto por 3 Comm Global fue deficiente y fue sustituido por otra firma, aunque siguió cobrando a la Cámara por el servicio de voz.

González Calderón fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel por fraude y malversación en el foro federal.

Por su parte, Glenn Rivera Pizarro,fungía como ayudante en la Cámara de Representantes y se vio involucrado entre los acusados del pasado agosto junto a Sally López Martínez, quien era directora de la Administración de Desarrollo Laboral, e IvonneFalcón, vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Rivera Pizarro tuvo conversaciones con Burgos en las cuales intentópersuadirlo a que aceptara el contrato de Hernández. De igual forma el exayudante de la Cámara movió las fechas límites de la entrega de propuestas en la Cámara para favorecer a 3Comm. Pese a esto, la empresa no logró entregar la propuesta a tiempo pero con un correo eletrónico a Rivera Pizarro, lograron entrar su proyecto a la carrera por el contrato.

Por estos motivos, Rivera Pizarro fue encontrado culpable por cargos de conspiración, fraude y mal uso de fondos públicos al favorecer a una empresa que carecía de la pericia y la experiencia para ocuparse de la tarea asignada, lo que provocó tiempo y recursos perdidos en la Cámara.