La medida también crea un grupo interagencial

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy, miercoles, la presentación de un proyecto de ley para adoptar el ‘Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico’, el cual recogería en un ordenamiento la política pública del Gobierno en contra de la corrupción que actualmente se encuentra dispersa en múltiples leyes especiales.

La medida ayudará a evitar lagunas y desfases entre las leyes y facilitará el acceso y entendimiento de las normas aplicables a cada cual. Tambien se fortalecerán las protecciones a las que tienen derecho los denunciantes (

whistleblowers) de actos de corrupción gubernamental para que toda persona que tenga conocimiento de actos impropios tenga la confianza de que estará protegido al denunciar la misma.

Además, se amplían las herramientas que tiene el Gobierno para ir contra las personas que incurren en actos de corrupción.

El Código tambien facilita que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, además de fallar a la confianza depositada por el pueblo, afectan el erario.

A esos fines, se dispone que el Gobierno podrá reclamar civilmente y obtener compensación por el triple del daño causado al erario, siendo suficiente para probar la reclamación la sentencia de convicción por la conducta que causó la perdida.

Finalmente, se excluyen de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida (probatoria) los delitos constitutivos de corrupción, que incluyen: apropiación ilegal de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, soborno, oferta de soborno, influencia indebida y malversación de fondos públicos.

‘Este Gobierno está comprometido con prevenir la corrupción y procesará a todo aquel que traicione la confianza que el pueblo deposita en aquellos que vienen llamados a servirle. En mi administración no hay espacio para tolerar la corrupción. Todo el peso de la ley debe caer sobre los que defraudan la confianza pública del Pueblo’, indicó Rosselló Nevares en comunicado de prensa.

Para asegurar que la cooperación interagencial –que por los pasados siete años ha liderado la directora de la Oficina de Ética Gubernamental– continúe y trascienda, se propone elevar a rango de ley la iniciativa del Grupo Interagencial Anticorrupción.

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega, favoreció el proyecto e indicó que ‘mediante la creación de un Código Anticorrupción, se establece una nueva ley que recoge la política pública del Gobierno en torno a este problema serio y delicado que afecta a todos los niveles de nuestra sociedad’.

Además, Rosario Vega destacó que la medida establece que el ‘Registro de personas convictas por corrupción’, estará electrónicamente al alcance del público. Es decir, tanto las autoridades gubernamentales, como los patronos de la empresa privada, tendrán la oportunidad de verificar si algún candidato a empleo ha sido convicto por actos de corrupción.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, expresó que ‘este nuevo Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico impulsará un servicio público íntegro, transparente y eficaz, desalentando el devastador sentido de la impunidad. En el Departamento de Justicia estamos listos y continuaremos trabajando para validar la política pública de cero tolerancia a la corrupción’.

El senador Abel Nazario, quien presentó un proyecto con el mismo propósito, expresó que ‘estamos dispuesto a trabajar con el gobernador para trabajar ambas medidas y lograr una más robusta y completa’.