La controvertible participación del juez Rafael Ramos Sáenz en el chat de WhatsApp representa un duro golpe para la credibilidad del proceso eleccionario en Puerto Rico por lo que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hace lo correcto en investigar el asunto y deberá atender las fallas del sistema, coincidieron abogados de las tres tendencias ideológicas.

Aunque el interes por conocer las interioridades de las discusiones y quienes participaron de ellas dominan la discusión, las repercusiones del chat #TeamP3RCoffeeBreak son mucho más profundas ya que minan la confianza del electorado en la institución que representa el principio del derecho al voto, expresó a NotiCel el exsenador y comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib.

Dijo que el hecho de que un juez, mientras presidía la Junta de Inscripción Permanente (JIP), participaba en conversaciones políticas y hasta compartía y consultaba decisiones electorales con miembros del equipo electoral de su partido afecta irremediablemente la confianza no solo en la CEE sino en la Judicatura, instituciones importantes para la estabilidad de la sociedad.

'La perdida de confianza en el proceso electoral y en la Judicatura tiene consecuencias en nuestras vidas más profundas que un ciclón', aseguró el tambien abogado.

Por su parte, el abogado estadista Jose Sánchez Acosta, sostuvo que aunque puede ser redundante la investigación encomendada en el CEE por haber varios foros investigando el asunto, le compete a la Comisión despejar dudas sobre su responsabilidad ante el país.

Planteó que el foro de conversación creado por la hoy subsecretaria de la Gobernación, Lcda. Itza García, se ha convertido en el asunto más investigado. Actualmente el Departamento de Justicia, La Oficina de Ética Gubernamental, la Administración de los Tribunales y la Comisión Estatal de Elecciones llevan a cabo pesquisas. El Senado, que tambien aprobó investigar el polemico chat, otorgó un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia proceda con su investigación.

'Si alguien tiene que aclarar su nombre, si alguien tiene que despejar dudas para restaurar la confianza del pueblo en el aparato electoral, es la CEE. No me parece mal que la CEE haga el esfuerzo, llámele investigación o lo que sea, dirigido a limpiar el nombre de la comisión', subrayó Sánchez Acosta a la vez que opinó que debe estar dirigida a revisitar los procesos eleccionarios y cómo se administran.

'Ese es el ángulo. Ese es el espacio que debe llenar. En la preocupación de si de verdad estamos garantizando que cumplen con la ley, por ejemplo, si está manejando el asunto de los votantes encamados y el derecho de los partidos a tener observadores, etc.', afirmó.

Mientras, la excandidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, dijo que la CEE es el único foro en que los partidos de oposición están en igualdad de condiciones con el partido que gobierna. Además, es la agencia con verdadero conocimiento sobre el tema electoral.

'(En la CEE), el PNP, que está presente, pero no controla, como ocurre con Justicia y el Senado. Además, es la agencia con conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, Justicia nos pidió copia de unos documentos que no existen, las querellas y/o impugnaciones presentadas verbalmente o por escrito sobre el tema de los encamados en Moca, donde el Juez Ramos presidía la comisión local. Lo que origina la intervención del Juez es el desacuerdo entre comisionados, y así se consigna en un acta, no se radican querellas o impugnaciones', explicó.

La investigación de la CEE fue encomendada por su presidente interino Nicolás Gautier hace dos semanas luego de que los comisionados electorales no lograran un acuerdo por consenso. El comite investigador está compuesto por los comisionados electorales alternos de los partidos políticos y el exjuez Rafael Flores en representación del presidente interino.

Los miembros del comite se reunieron este jueves por primera vez para iniciar la pesquisa que se centrará en los asuntos electorales discutidos en la conversación en la red social y si hubo alguna violación de derechos de los electores.