Múltiples aspirantes no han radicado un solo informe de ingresos y gastos de campaña.

Cambios a las campañas y gastos “coordinados”, la flexibilización de los términos de radicación de informes en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y disposiciones que ya estaban en la ley impiden la fiscalización pública efectiva de la campaña electoral actual al punto de que hay candidatos haciendo campaña en estos momentos, incluyendo en vallas publicitarias y televisión (los dos tipos de publicidad más costosa) que no han radicado un solo informe de ingresos y gastos para el año 2020, arrojó un análisis de NotiCel.

También, la querella del comité de campaña de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sobre supuestos gastos coordinados que grupos externos han hecho con la campaña de su rival, Pedro Pierluisi, puede morir enredada en enmiendas a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico que fueron introducidas en el nuevo Código Electoral empujado por el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, y que la propia Gobernadora convirtió en ley este verano.

Sobre los informes de ingresos y gastos, la ley obliga a los candidatos a la gobernación y los partidos políticos a radicarlos mensualmente en el año electoral, pero los demás candidatos los radican trimestralmente. Los recaudos en “actos políticos colectivos” se supone que se informen al día laborable siguiente pero, en la pandemia, esos actos masivos no se supone que ocurran.

Debido a la pandemia, y a pesar de que su sistema de radicación es uno electrónico que no requiere salir de la casa para cumplirlo, la OCE flexibilizó las fechas de entrega de informes trimestrales disponiendo un último plazo del 20 de julio para someter los informes correspondientes al trimestre de enero a marzo de 2020. El 20 de julio es también el plazo regular para los informes del trimestre abril a junio de 2020. Pero el 20 de julio no es la fecha en que el público puede tener acceso a los informes porque la ley establece que se abre un término de 30 días después de la radicación puntual de los informes durante el cual los mismos van a ser confidenciales y no van a estar disponibles para el público hasta que la OCE los revise o hasta que se extingan los 30 días sin que la OCE los revise, lo que ocurra primero.

Por tanto, y si los informes se radican a tiempo y la OCE se toma los 30 días de “confidencialidad” que le confiere la ley, ningún informe trimestral de ingresos y gastos de ningún candidato tendría que estar disponible antes de las primarias del 9 de agosto ya que el término de 30 días después del 30 de julio se vencería el 30 de agosto.

Hay candidatos cuyos informes de 2020 ya están disponibles, por lo menos el del primer trimestre del año, pero algunos ejemplos de candidatos que están ejecutando campañas y para quienes no aparece ningún informe de ingresos y gastos disponible todavía que cubra este año electoral son: Rivera Schatz (Senado PNP), Héctor Martínez (Senado PNP), Evelyn Vázquez (Senado PNP), Rafael “Tatito” Hernández (Cámara Partido Popular Democrático), Ángel Rodríguez Otero (Cámara PPD), Carlos Javier Sánchez Román (Cámara PPD) y Sonia Pacheco (Senado PPD).

En cuanto a la querella que presentó el 23 de julio el coordinador de la campaña de la Gobernadora, Jorge Dávila, y que fue aceptada para investigación junto con otra querella por la OCE, se alega que puede haber “gasto coordinado” y “donativos contrarios a la ley” por los siguientes hechos: una valla publicitaria de una empresa (Tactical Media) en la que un familiar de Pierluisi es ejecutivo está desplegando de manera exclusiva anuncios de LiUNA y de la campaña de Pierluisi.

LiUNA es Laborers’ International Union of North America, el sindicato que consiguió del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares una orden ejecutiva disponiendo que los obreros de construcción en proyectos públicos cobrarían $15 la hora. El liderato del sindicato dijo que contrató como cabilderos para estas gestiones a WP Group.

Un comité de acción política (PAC por sus siglas en inglés) del sindicato mantiene ahora una campaña de medios en contra de la candidatura primarista de Vázquez Garced por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y Dávila alude a esa campaña en la querella. Como evidencia para su querella, Dávila sometió un video que muestra los anuncios de LiUNA y de Pierluisi apareciendo uno detrás de otro en la valla de Tactical Media así como documentación del PAC y de Tactical.

Sin embargo, una enmienda a la ley de financiamiento introducida con la revisión del Código Electoral establece la presunción de que los gastos entre campañas no son coordinados. Es decir, ante cualquier indicio de que se puede estar llevando a cabo una campaña de gastos coordinados entre distintos candidatos o grupos, la enmienda dice que se debe presumir que los gastos no son coordinados. Esto establece una vara alta para probar que, en efecto, están ocurriendo gastos coordinados.

La ley considera un “gasto coordinado” aquel que puede ocurrir entre “partido político, aspirante, candidato, comité de campaña o agente, representante o comité autorizado” y también la modalidad del gasto que ocurre cuando una parte utiliza el mismo suplidor que está dando servicios, o los dio en los 90 días antes del gasto, a cualquier “partido político, aspirante o candidato o al comité de campaña, comité autorizado, agente o representante de cualesquiera de los anteriores”.

“[L]a coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos Comités de Campaña, mediante el cual se consigne la división de gastos entre los Comités”, indica la enmienda en lenguaje que parece requerir que se produzca un acuerdo escrito entre distintas campañas para entonces poder probar que los gastos son coordinados. La intención de la enmienda fue tal que específica que “[a] tales efectos, esta interpretación se retrotraerá a la vigencia de esta Ley”. Es decir, los legisladores no solamente querían que eso aplicara tan pronto la reforma se convirtiera en ley en 2020, sino que se aplicara retroactivamente a cuando se convirtió en ley el estatuto de fiscalización de campañas, en el 2011.

El estándar de prueba que propuso Dávila en su querella, anuncios que corren seguidos en una valla, podría aplicarse a otras candidaturas como, por ejemplo, las de Rivera Schatz y sus protegidos políticos, los senadores Martínez y Vázquez, para quienes también se han visto anuncios independientes pero que corren en las mismas vallas o cruzacalles y anuncios en postes que aparecen juntos o en alguna combinación entre los tres.