Entre las responsabilidades más solemnes que tiene cualquier Senador se encuentra votar sobre las emisiones de deuda pública, pues estas comprometen de forma prolongada el futuro del país. Apoyamos la gestión del gobernador Alejandro García Padilla. Sin embargo, no podemos refrendar con nuestro voto una emisión de bonos en estas circunstancias. Ha llegado el momento de reconocer que la deuda de Puerto Rico es impagable. Tambien es el momento de hablarle claro y sin ambages a los acreedores. Continuar los esfuerzos para el servicio de dicha deuda sin que ocurra una renegociación de sus terminos, no sólo es incorrecto, sino perjudicial para Puerto Rico.

La clave para el bienestar de Puerto Rico es su crecimiento económico y la creación de actividad empresarial y empleos. Esta frase casi se ha vuelto 'cliché', pero no deja de ser cierta. Hemos puesto de nuestra parte, aprobando las Leyes 93-2013 y 20-2014. La primera de ellas, fue aplaudida como beneficiosa para las compañías de inversión por una de las casas acreditadoras que acto seguido degradó nuestra deuda a una clasificación especulativa o chatarra.

Con esta emisión estamos cerrando la ventana para que ese crecimiento pueda ocurrir en el futuro cercano.

Esta Asamblea Legislativa ha legislado para reducir el déficit gubernamental, tomando decisiones que muchos pensaban imposibles. Reducir el déficit gubernamental es buena política pública. Por eso hemos votado a favor de cada una de esas medidas antipáticas, pero necesarias. Sin embargo, las medidas tomadas tienen el efecto indiscutible de comprometer la posibilidad de una recuperación económica. Continuar ese camino empujados por el interés de los acreedores no es buena política pública. Ante una profundización de la crisis económica, los recaudos gubernamentales se reducirán y el déficit aumentará.

Para balancear el próximo presupuesto se necesitará recortar aproximadamente un billón de dólares. Una reducción de esa magnitud será fatal para el crecimiento económico, tan necesario para combatir la crisis fiscal.

La deuda del Estado Libre Asociado y sus corporaciones públicas alcanza la cifra de $71 billones de dólares, producto de décadas de decisiones que ponen primero los intereses de los acreedores. La deuda es tan grande que ya supera el tamaño de nuestra economía. De esa deuda, $14.7 billones es deuda constitucional y $5.6 billones está garantizada por la entera fe y crédito del Estado Libre Asociado. El resto de la deuda, casi $50 billones de dólares, es deuda de las corporaciones públicas, municipios y los sistemas de retiro del gobierno. La misma no está garantizada. Nuestro ordenamiento establece que la deuda constitucional debe ser pagada de forma prioritaria sobre cualquier otro gasto.

La deuda extra constitucional es un lastre para el crecimiento económico de Puerto Rico. Este año el servicio total de deuda es de $3,500 millones de dólares, sin contar los intereses pagaderos por esta emisión. Se proyecta que en el año 2018 el servicio de deuda sobrepasará los $4 billones de dólares. En términos más sencillos, la familia puertorriqueña promedio pagará anualmente $5,000 sólo en intereses de la deuda pública. La mayoría de este dinero se escapa de nuestra economía hacia los Estados Unidos.

Las medidas fiscales adicionales que serán necesarias una vez ocurra esta transacción, aumentarán esa pesada carga sobre el desarrollo del país. No podemos inmolar la economía de Puerto Rico para complacer instituciones financieras que han demostrado ser insaciables. Sólo el crecimiento económico nos salva de esta triste situación fiscal. Balancear el presupuesto en un año requerirá un sacrificio inaceptable para nuestros trabajadores y la clase media.

Si descartamos aceptar la realidad y reestructurar la deuda, sólo nos quedan dos alternativas: aumentar impuestos y recortar dramáticamente el gasto público. Todo lo cual tendrá graves consecuencias dado el corto tiempo de que disponemos para realizar tales ajustes. Por tanto, cualquiera de estas alternativas destruye las posibilidades de una recuperación económica a corto y mediano plazo. Esta acción acelerará el éxodo de puertorriqueños, reduciendo aún más la actividad económica.

En repetidas ocasiones Puerto Rico ha caído en la tentación de confundir el análisis que hacen los mercados sobre nuestra deuda con la receta para mejorar nuestra situación económica. Los analistas de crédito sólo se preocupan por nuestra capacidad de pago. A ellos no les interesa el bien del país, excepto en la medida en que un país saludable es más capaz de pagar sus bonos. Su receta es para pagar la deuda, no para que el país progrese. Lo que necesitamos es hacer espacio para crear riqueza.

Como legisladores nuestra responsabilidad nos exige una visión más amplia. Esa responsabilidad es con el bien común y no con un grupo privilegiado de prestamistas. Hasta ahora hemos seguido al pie de la letra la receta de las casas acreditadoras. Esa receta nos ha llevado a donde estamos. Las casas acreditadoras también comparten responsabilidad por el estado de nuestra salud fiscal y económica. Por décadas recomendaron comprar deuda, facilitando así enormes déficits y alimentando una adicción que necesitamos romper desesperadamente. Estamos en la encrucijada de aceptar que la deuda que ellos compraron es impagable, o en su defecto salir al mercado bajo condiciones de usura. La segunda, que es la que hoy este Senado avala, tendrá graves consecuencias para las posibilidades de recuperación de nuestra economía.

Emitir deuda pública en este momento es un acto suicida. La emisión propuesta es un cheque en blanco al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para que le pague a los bonistas sin importar las consecuencias en el desarrollo de Puerto Rico. Estamos hipotecando nuestro futuro a tasas de interés exageradas. Sólo en pago de intereses nuestro déficit aumentará $200 millones anuales.

Debemos mencionar como aspecto preocupante la propuesta de ofrecerle a los acreedores la renuncia a la inmunidad soberana de Puerto Rico como condición de la emisión. Hoy, gracias a las discusiones motivadas por la mayoría senatorial, se ha modificado sustancialmente la cláusula de renuncia a la inmunidad soberana. No obstante, advertimos que esta renuncia, la primera en la historia con respecto a una emisión de nuestra deuda soberana, abre una puerta peligrosa con el potencial de afectar los bienes públicos del Pueblo de Puerto Rico.

Hace tres meses advertí, con mucho pesar que la degradación era inminente. De igual forma admito hoy que emitir deuda sólo tiene sentido si hubiera la posibilidad de una recuperación económica a corto plazo. Pero sabemos que no es así. Las condiciones que impone esta transacción impedirán tal recuperación. Esta emisión sólo dilata lo inevitable. El mercado sabe que nos veremos obligados a dejar de pagar parte de la deuda. Por ende, el valor de dicha deuda se reduce diariamente. Realizar este préstamo empeora la situación a cambio de comprar tiempo antes de lo inevitable.

Una situación inevitable requiere enfrentar el problema decididamente. Dilatarlo es peor.

Hemos defendido antes, y lo haremos aquí nuevamente, reestructurar la deuda de nuestras corporaciones públicas, protegiendo la integridad de nuestra deuda constitucional. Tanto la deuda como los costos operacionales de las corporaciones públicas son los obstáculos mayores al crecimiento económico; no así la operación del Gobierno Central. El alto costo de la electricidad, el agua y la salud son las quejas constantes de nuestro pueblo, y todas son responsabilidad de corporaciones públicas que deben reestructurarse. De esa forma, no sólo se reduce la deuda de corporaciones públicas, sino que se hace viable una recuperación económica sostenida.

Estamos firmemente convencidos de que ha llegado el momento de ejercer a plenitud nuestra autoridad política y económica para tomar medidas radicales en pro de la recuperación. En concreto, como primer paso entendemos propio comenzar una moratoria del pago del principal de la deuda de corporaciones públicas que vence en los próximos años y concentrar dichos recursos en fortalecer la economía. Estas y otras medidas fortalecerán la deuda constitucional ya que aumentarán los recursos para pagarla. Llegó el momento de darle prioridad al bienestar del país sobre el bienestar de los acreedores. Sólo así tenderemos la capacidad de regresar a los mercados, cuando las condiciones de nuestra economía y crédito lo permitan.

Puerto Rico dio su palabra de que pagaría la deuda pública. Pero más importante que el compromiso de pagar es el juramento que prestamos el 2 de enero de 2013 de desempeñar bien y fielmente nuestros deberes como Senadores. En vista de lo anterior, por entender que esta emisión no es la verdadera solución a los graves problemas fiscales de Puerto Rico, estamos impedidos por conciencia de avalar con nuestro voto la emisión de deuda que este Senado hoy aprueba. Esto no impedirá que continuemos prestando nuestra colaboración más decidida a los esfuerzos de la administración para lograr la recuperación de Puerto Rico.

*Versión íntegra del voto explicativo de los senadores Rosa y Nieves en contra de la P de la C 1696 que aprobó el Senado el 27 de febrero pasado sobre emisión de bonos de hasta $3,500 millones.