No es de cocina de lo que voy a hablar. Es una receta simple, de una inexperta en economía y que como tantos otros ve su salario esquilmado entre contribuciones y gastos medicos. Bien responde al más sencillo sentido común.

La fiebre no está en la sábana. Hay medidas de austeridad que no acarrean el despido de empleados públicos (lo que redunda en mayor desempleo y peores servicios) Aquí algunos de los ingredientes y ejemplos de cada uno de ellos.

1. La elimininación de contratos profesionales

Un breve ejercicio en la página de contratos de la Oficina del Contralor, y para la que usé solo dos bufetes como ejemplo, arrojan rayos de coraje. Todos los municipios e instrumentalidades del gobierno tienen divisiones legales. No es necesario contratar a 'asesores' externos para realizar el trabajo que pueden acometer abogados de esas divisiones. Solo en contratos con numeración del año 2015, bajo el concepto de 'servicios legales' y 'consultoría legal' un bufete del norte tiene $1,144,000.00. Uno en el sur, también en el año en curso tiene $1,092,288.00. Haga un ejercicio matemático imaginario y multiplique esos millones, por los de contratos del año pasado, y los que tienen tantos otros bufetes con municipios y agencias, y la suma es espeluznante. Haga los mismo, con contratos de otras 'asesorías' sin apellidos (no legales) como aquellas de publicidad, etc, y nos topamos con cifras alucinantes. En ese etcétera existen miles de contratos fantasmas, que no son otra cosa que un ropaje para darle cierta 'legalidad' a servicios innecesarios y/o inexistentes a escalas remunerativas tan altas que no hay manera de justificarlos y cuyo único propósito es el de mantener a sanguijuelas partidistas.

En toda la discusión pública sobre el IVA no recuerdo que se haya ofrecido el costo anual que el país derrocha en contratos (gran parte de ellos a favor de excandidatos derrotados y aportadores a los partidos). Sería interesante que la Oficina de la Contralora, aportara algo al país, y certificara a cuánto asciende el monto.

2. La fiscalización adecuada del cobro de IVU

Está estipulado que la captación de IVU siempre ha estado en niveles inaceptables. La alegación de que cambiándole el nombre y aumentando la tasa redundaría en mayores ingresos es risible. Los ciudadanos, ante el ataque a sus bolsillos están más que en la mejor disposición de denunciar a aquellos negocios evasores. El Departamento de Hacienda, en su página de internet, tiene un enlace que se llama IVU Alerta para canalizar esas denuncias. Trágicamente, esa página no funciona. Solo un ejemplo basta para evidenciar la falta de voluntad. El 20 de febrero realicé dos compras, a distintas horas, en el Radio Shack de El Señorial. Noté que los recibos no tenían el IVU Loto y le reclamé a la empleada. Esta no supo darme explicaciones. Le solicité que me comunicara con el gerente, me dice que no está disponible. Le indico que en ese momento estaría enviando mensajes de textos a varios periodistas. Su reacción fue llamar por teléfono de inmediato al gerente quien le contestó que la máquina la administra Hacienda y que si la caja registradora no emitía el IVU Loto, era Hacienda la responsable. No quedé muy convencida con la explicación. A decir verdad, no le creí. Al llegar a mi casa, entro a la página de IVU Alerta, describo la información, tras lo cual, el sistema 'pregunta' si uno tiene evidencia. Al presionar 'enter' para seguir al siguiente paso, me encuentro con una página de error. Es decir, la denuncia nunca se registró. Lo intenté varias veces más, sin éxito alguno.

3. Ir tras el verdadero evasor

Al Gobernador se le ocurrió la brillante idea de catalogar a los abogados y médicos como evasores. Sobre los primeros, la gran mayoría son asalariados; los segundos, funcionan con facturaciones a planes médicos y cada paciente que atiende deja el rastro del servicio recibido, por lo que Hacienda bien conoce los deducibles que han cobrado. Los anteriores no tienen maneras de evadir por lo que la imputación fue una puñalada innecesaria, falaz y desacertadamente infeliz.

Entre médicos y abogados, hay unos pocos, bien pocos (solo he sabido de uno) de los primeros que no aceptan planes, cobran en efectivo y no emiten recibos. Siendo un ínfimo puñado, no es difícil identificarlos. De los segundos, son también unos pocos, que litigan casos de narcotraficantes de alto perfil y que les aseguro no cobran con cheques los honorarios. Estos también son de fácil identificación. La mayoría de la población utiliza los servicios legales gratuitos que ofrecen Asistencia Legal, Servicios Legales, Pro Bono y las clínicas de las facultades de Derecho. Les aseguro que son más los profesionales que cobran servicios a domicilio, como plomeros y electricistas, a modo de ejemplo (que te dan un recibo hecho a mano donde cobran el IVU pero no tienen sistema de IVU Loto) que evaden, que los mencionados por el Gobernador.

4. Eliminar gastos en alquiler de edificios privados

Es por todos conocidos el enorme impacto al erario que tiene el pago de alquiler de edificios privados donde se ofrecen servicios públicos. El ejemplo del Cesco de Carolina es el ejemplo más reciente. Los cánones de arrendamiento no corresponden al mercado actual. Están inflados, y con cláusulas contractuales de crecimiento anual. El Estado tiene varias opciones para atender el asunto. Una, utilizar edificios públicos en desuso. Dos, identificar condominios que sus desarrolladores no terminaron, declararlos estorbos públicos y expropiarlos a costos reducidísimos. Y tres, renegociar los contratos que sean necesarios para que respondan a los precios decaídos de hoy día. Ya la Rama Judicial ha iniciado esa ruta, pero lamentablemente, la jueza presidenta, Liana Fiol Matta, no gobierna al país.

5. Eliminar los intermediarios

La 'Reforma de Salud' es insostenible. En la fórmula de intermediarios, las aseguradoras se tragan las partidas más importantes. A menores prestaciones de servicio, mayores ganancias. Esa gestión agrava la condición del paciente y limita y aunque no lo crea, ata el buen juicio y empobrece al médico. El modelo de salud universal, tan eficaz en tantos países, tiene un pagador único, el Estado. No tengo a la mano la cifra que nos cuesta este embeleco, pero sé que consume una parte importante del presupuesto. Lo peor, es que los servicios son más escasos y de difícil acceso que bajo el sistema anterior. Puerto Rico tiene una población muy enferma. La razón de ello es la falta de acceso a servicios preventivos. Es urgente repensar cómo lo estamos haciendo, la rueda está ya inventada, hay que eliminar a los dragones del camino.

Unas reflexiones finales:

Recuerdo que cuando se propuso el IVU, se nos dijo que venía a sustituir las contribuciones sobre los ingresos. Recuerdo además, que en ese momento de la discusión, en sustitución de Benny Frankie Cerezo, en un programa radial que mantenía junto a José Arsenio Torrres, tuve una discusión acalorada, pero cariñosa con el segundo, donde le aseguraba que nos tomaban de tontos y nos quedaríamos con la doble tributación. Pues fue precisamente lo que ocurrió. La experiencia me hace suspicaz y no tengo por qué creer que ahora será diferente.

Todavía no se ha aprobado el IVA y entiendo que ya se contrató a dos compañías privadas para correr el sistema. Dicho de otro modo, ya se comprometió sabe quién cuántos millones (de los largos) a favor de estas empresas cuando la pieza legislativa da indicios de estar en estado moribundo. Alguien ha visto ese contrato? La experiencia nos ha confirmado una y otra vez, que ese tipo de contratos contiene cláusulas muy beneficiosas para el contratado y muy perjudiciales para el erario. Qué dispone en caso de que el IVA no se llegue a implementar? Espero una explicación, e imagino, que usted, amigo lector, también.

Estoy convencida que el sistema actual del IVU puede ser administrado con garras. Lleva años implementado, no es una ciencia oculta hacerlo correr competentemente. Se han gastado más esfuerzos en intentar imponernos una medida repudiada por todos los sectores del país, que las que jamás se le han dedicado a que la captación del IVU sea una adecuada. Si esas energías se dedicaran en perfeccionar el sistema actual de tributación sobre el consumo (claro está eximiendo los gastos esenciales y eliminando exclusiones que no se justifican), y se le añadieran ingredientes de la receta arriba expuesta, el país podrá finalmente respirar aliviado, y las contribuciones sobre los ingresos ser finalmente eliminadas. Penalizar el trabajo, estimula la dependencia, y está probado que no funciona.

*La autora es Catedrática de Derecho en la Universidad Interamericana.