La organización magisterial EDUCAMOS indicó que una resolución emitida por el Tribunal Supremo en la que señaló vista oral para el 26 de marzo, sostuvo su posición en torno a la admisibilidad de documentos presentados y expresiones hechas por representantes del Gobierno durante las reuniones del Comite de Diálogo.

'Resulta un contrasentido que el Gobierno de Puerto Rico solicite a la Rama Judicial que tome conocimiento de documentos emitidos por casas acreditadoras, pero objete que tomemos conocimiento de las acciones gubernamentales de sus propios representantes ante el Comité de Diálogo', cita la entidad en un comunicado de prensa, las expresiones del juez asociado Luis F. Estrella Martínez, en un voto de conformidad al que se unieron los jueces Mildred Pabón Charneco y Erick Kolthoff Caraballo.

'El Gobierno pretendía que el Tribunal Supremo no admitiera cierta prueba presentada por EDUCAMOS que evidencia que la Ley 160 es inadecuada para solucionar la crisis fiscal del Sistema de Retiro para Maestros', expresó Eva Ayala, portavoz de la organización magisterial EDUCAMOS.

Se indicó que de la prueba presentada por EDUCAMOS, surgió que durante las reuniones celebradas por el Comité de Diálogo, el Gobierno 'aceptó que sus proyecciones actuariales sobre los efectos de la Ley 160 no tomaron en consideración que 7,000 maestros se puedan retirar previo al 1ro de agosto de 2014 como consecuencia de la Ley 160'.

En ocasiones anteriores, Ayala había emplazado públicamente al Tribunal Supremo para que celebrara una vista oral al igual que lo hizo con el caso sobre la reforma al retiro de la judicatura.