La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) aseguró que las aportaciones individuales de los empleados públicos se encontraban segregadas y protegidas, contrario a la reclamación legal que las uniones y sindicatos elevaron a la jueza Laura Taylor Swain, quien lleva el caso de quiebra de Puerto Rico.

Se trata, según las coaliciones de servidores públicos, de unos $133 millones de las aportaciones definidas de los empleados que alegan han sido mezclado por el Gobierno con el monto de otros bienes gubernamentales, como el repago de prestamos, entre otros.

De acuerdo a Aafaf, los fondos se encuentran en una cuenta bancaria custodiada por el Departamento de Hacienda, y separada de los fondos operacionales del Gobierno.

'Actualmente todas las aportaciones individuales recibidas se están depositando en una cuenta bancaria segregada de los fondos operacionales del Gobierno. Esos fondos pasarán al Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos una vez concluya el proceso competitivo que se está llevando a cabo para seleccionar a la entidad que servirá de administradora', explicó la entidad pública mediante declaraciones escritas.

Ese nuevo plan surge a partir de la Ley 106 de 2017, llamada 'Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos', y que fue aprobada en agosto.

El estatuto adopta el sistema 'pay as you go' como metodo de desembolso.

La agencia lanzó un gancho a pasadas administraciones al afirmar que, de no ser por la implementación de la Ley 106, ese dinero seguiría por otros rumbos sin cumplir su propósito.

'Previo a la aprobación de la Ley Núm. 106-2017, las aportaciones individuales de los servidores públicos actuales se usaban para otros fines, tales como pagar las pensiones de otros empleados ya retirados, lo que contribuyó a que el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos terminara en un estado de virtual insolvencia y lo obligara a buscar las protecciones del Título III de Promesa', señaló Aafaf.

La agencia hacía alusión a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles), cuyo Título III da paso a un proceso similar a la quiebra.

La petición legal fue sometida en febrero e incluye representación de la Federación de Maestros, los Servidores Públicos Unidos y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, entre otros.

El escrito de unas 44 páginas enfatiza en que las entidades gubernamentales no han sabido separar sus cuentas y bienes de aquellas sumas provenientes de aportaciones individuales de los empleados públicos, actos que atentan contra la mencionada Ley 106.

La vista para que la jueza Swain atienda este pedido será el 25 de abril del año en curso.