El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares adelantó en entrevista radial (Radio Isla 1320) la radicación de una demanda ante el Tribunal Federal hoy, jueves, con el fin de que se de paso al presupuesto presentado y aprobado en la Legislatura y no el presentado y certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Según expuso el Primer Ejecutivo ante el medio radial, el Gobierno de Puerto Rico buscará defender la labor de política pública que debe realizar la rama Ejecutiva.

'Para mí como ejecutivo, yo tengo la situación ahora de que se tienen que determinar dos cosas: número 1, que el Gobierno es quien establece la política pública y número 2, que la Junta no puede administrar', sostuvo el mandatario.

El presupuesto presentado por la Junta es mayor al presentado y aprobado por el Legislativo y merma partidas de la Policía de Puerto Rico y la Legislatura, entre otros particulares. En esa línea, el presupuesto certificado por la Junta fue 8,757,524 millones de dólares, mientras, el aprobado y firmado de modo 'simbólico' por el gobernador es de 8,709 millones de dólares.

'Nosotros entendemos que la Junta de Control Fiscal, cuando uno lee el plan fiscal y el presupuesto, particularmente el lenguaje que pone en el presupuesto, se extralimitan sobre lo que son sus podere reales. Queremos ir a corte a establecer que nosotros queremos una decisión de la juez diciendo que todos los asuntos de política pública y administrativa que vienen de la Junta de Control Fiscal, son meramente recomendaciones como lo establece la sección 205 de la ley PROMESA', expresó el Gobernador.

'Consistentes a lo que hemos establecido hoy solicitaremos al tribunal que clarifique que todos los componentes de política pública y administración que la Junta... ha colocado en el Plan Fiscal y el Presupuesto, son meramente recomendaciones tal como lo establece la Ley federal PROMESA', añadió el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

'Como ejecutivo ya yo firme un presupuesto que fue el de la Asamblea Legislativa pero le expongo esto ante la jueza diciendo: tengo dos presupuestos ante mí. Yo firme el de la Asamblea Legislativa. Estas son las consideraciones para hacerlo. Estamos solicitando un 'injunction' para que se pueda llevar a cabo este presupuesto, y si no, declare usted cuál es el presupuesto que va operar', explicó Rosselló Nevares a la vez que indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recibió instrucciones para operar con la versión presupuestaria del gobierno.

Por su parte, la Junta expresó en su cuenta oficial de Twitter que 'defenderá energicamente' la ejecución del presupuesto y Plan Fiscal.

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La demanda que presentó Rosselló Nevares se da en momentos de gran tensión entre el organismo creado bajo la Ley Promesa y el Gobierno de Puerto Rico luego de que la Legislatura no diera paso la derogación de la Ley 80 de despido injustificado, cuyo particular fue acordado entre la JCF y el gobernador. Dicho acuerdo se dio, según argumentaron ambas partes, para frenar la eliminación del bono de Navidad de los empleados públicos, y la reducción de días de vacaciones y enfermedad para los trabajadores.

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Tras no completarse el acuerdo, el ente fiscalizador eliminó del presupuesto la partida del bono de Navidad para empleados, pese a que la versión del presupuesto de la Legislatura es una menor e incluye el bono.

No obstante, tras los encontronazos por el fallido acuerdo entre la Junta y el gobernador, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, felicitó hoy al primer ejectivo por la acción legal tomada.

'Ese presupuesto que se defenderá en el Tribunal, incluye todos los recursos económicos que nuestro gobierno necesita. Ese presupuesto incluye los fondos para el bono de navidad y las licencias de vacaciones de los empleados públicos, los municipios, los departamentos de Seguridad, Educación, Familia, Salud y todo lo demás. Todo eso sin quitarle NINGÚN DERECHO A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO', argumentó en su cuenta de Facebook.

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