La fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime lleva diez meses bajo investigación en el Departamento de Justicia y tomará más tiempo para completarse, pese a que su resultado supone incidir en la postura de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sobre el acuerdo.

No obstante, la evaluación del acuerdo es una prioridad para Justicia, segun la secretaria Dennise N. Longo Quiñones.'Dentro de la mencionada investigación que conduce el Departamento de Justicia se ha realizado una amplia recopilación de documentos a través de distintos mecanismos. Dicha documentación está siendo analizada minuciosamente. La misma es una amplia y compleja que atañe a temas especializados y específicos que requieren de una pericia por parte de quién la realiza', aseguró Longo Quiñones en su ponencia presentada a la Cámara de Representantes.Las declaraciones de la funcionaria llegan escasamente una semana después de haber vaticinado que la pesquisa sobre el posible mal manejo de suministros en un almacén en Ponce, cuyo trámite comenzó en enero, podría tardar tres años.Luego de múltiples críticas y peticiones de acción, la Gobernadora

rectificó su postura inicial e indicó a mediados de septiembre que presentaría una comunicación a la Comisión Marítima Federal para aclarar su postura sobre el acuerdo, que fue erigido meses antes de su ascenso constitucional a la máxima silla Ejecutiva.Vázquez Garced buscaba asegurarse que 'en la transacción no se reduzca la competencia ni los servicios de transportación, y que no ocasione un incremento en los costos de transporte'. Sin embargo, condicionó su determinación al recibo de una opinión de la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia para aclarar si dicha unión representaba un monopolio y si el Gobierno de Puerto Rico contaba con jurisdicción sobre ello.La Cámara de Representantes, mediante su Resolución 1523, evalúa los procesos llevados a cabo para aprobar la fusión de las empresas, el intercambio y la competencia comercial local, interestatal y con otras jurisdicciones en todos los puertos de la Isla, además de que busca identificar si en los puertos existen casos de monopolios en todas sus manifestaciones.La pesquisa de la legislatura tiene su base en el hecho de que la política pública del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares consistía en no intervenir en la fusión. En una vista pública previa, se reveló que la Administración no mostró oposición ante la Comisión Marítima Federal, que es la entidad independiente encargada de la regulación de la transportación marítima internacional de los Estados Unidos.La Comisión Marítima Federal había consignado su preocupación en septiembre de 2019 sobre la unión de las empresas, porque redundaba en menos alternativas y costos mayores en el transporte marítimo de la mercancía, los alimentos y las medicinas. No obstante, aprobó su consolidación.La investigación en Justicia sobre las navieras inició el 10 de abril de 2019 en la Oficina de Asuntos Monopolísticos, pero Longo Quiñones solicitó más tiempo al cuerpo legislativo para contestar las preguntas cursadas, puesto que durante la vista se amparó en la confidencialidad del proceso para no ofrecer detalles sobre el curso de acción o posibles hallazgos preliminares.'La información obtenida como resultado de la investigación realizada es confidencial y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no puede ser objeto de inspección, examen ni divulgación mientras se conduce la investigación', expresó la titular de Justicia.Según Longo Quiñones, la oficina asignó dos abogados, una fiscal especial y un agente especial a la investigación, además de colaborar con otras agencias 'con el propósito de realizar una investigación amplia, completa y diligente'.Además de Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, la única otra naviera que sigue disponible en el mercado es Crowley, que controlaría apenas el 20% del mercado de acarreo marítimo. La fusión de las primeras dos empresas se agenciaría el control del 80% del mercado de carga y de 11 de las 14 grúas que desembarcan los furgones que traen las barcazas de estas empresas.En

una vista pública previa, el representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández, mostró preocupación por la inacción de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos y la lentitud de la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia. Aponte Hernández preside la Comisión Conjunta de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus, Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, encargada de investigar este acuerdo.En su turno, el representante novoprogresista equiparó la ponencia del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, a los planteamientos de 'no había nada que hacer' manifestados por

el licenciado Anthony Maceira Zayas, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Puertos, cuando éste último depuso ante la comisión. De igual manera, Aponte Hernández reiteró que en el récord público consta que Maceira Zayas, también exsecretario de Asuntos Públicos de Rosselló Nevares, fue directamente a La Fortaleza a presentar la idea de la fusión de ambas empresas, 'porque estaba acostumbrado a tocar la puerta de la Casa Grande, como decimos por ahí' y pensaba que la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos era un 'sello de goma'.'Está bien, la Secretaria de Justicia está investigando, pero cuando ella termine la evaluación ya ellos terminaron la fusión, [y se dice] ‘pues vamos a imponerle la multa y que sigan allí operando libremente'. Estamos reduciendo el ofrecimiento de servicios portuarios', declaró Aponte Hernández en ese momento.Durante esa vista pública se informó que las multas estaban bajo negociación para ser disminuidas.