Como accesorio a la pugna primarista en el partido de gobierno, y a la cada vez más degradada operación gubernamental se suma una pugna que hierve a fuego lento, pero está ahí, por realizar decenas de nombramientos judiciales en los meses que le quedan a la Adminitración Vázquez Garced, continuación de la de Ricardo Rosselló González, y al Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La oportunidad se presenta con una Rama Judicial que se ha visto dramáticamente reducida por la paralización virtual de nombramientos que hay desde antes de la renuncia del exgobernador Rosselló Nevares en agosto pasado, y por la cantidad de jueces que están optando por un retiro temprano en vez de quedarse en un trabajo cuyas condiciones de retiro se han visto afectadas por el acuerdo entre el Comite Oficial de Retirados y la Junta de Control Fiscal.

Aunque la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, no aceptó una invitación de NotiCel para hablar de las vacantes en la Rama Judicial, fuentes de este diario digital en esa rama indicaron que, con todo y la cantidad de posiciones que no se han llenado y de jueces que se han retirado, las cargas de trabajo de los jueces activos se mantiene relativamente liviana. Esto porque hay cientos de casos, civiles, particularmente, que están paralizados por virtud de la ley federal PROMESA ya que son pleitos que involucran al Estado. Esta paralización está siendo impugnada precisamente por la privación de derechos que representa para las partes demandantes que esperan una compensación por daños causados por el gobierno o esperan algún otro tipo de resolución de sus controversias. Además, la radicación de cargos criminales ya venía en una tendencia de reducción debido, en parte, a estrategias del gobierno federal de llevar la mayor cantidad de casos que puedan a la esfera federal.

En cuanto a los cientos de casos que dejó el impacto del huracán María, especialmente en el área de reclamaciones de seguros, las fuentes judiciales señalaron distintos efectos en la carga de trabajo. Algunos jueces están casi automáticamente accediendo a los reclamos de las aseguradoras de que, si la persona cobró el cheque que le dieron al asegurado ya no hay más que reclamar o litigar, lo cual responde a la teoría legal de pago en finiquito. Mientras, otros jueces se están tomando tiempo con los expedientes para no decidir automáticamente, por lo que hay jueces civiles a los que estos casos los mantienen con alto volumen de trabajo.

Hay vacantes para 30 jueces superiores, nueve municipales, cinco del Tribunal de Apelaciones y, antes del fin del cuatrienio, ocurrirá una vacante en el Tribunal Supremo con el retiro de la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez así como nueve vacantes en el Tribunal de Primera Instancia y dos en Apelaciones por vencimiento de terminos de los incumbentes.

Estos hechos están siendo proyectados de forma distinta por las personas que se han expresado hasta ahora sobre la lentitud en los nombramientos judiciales.

Por un lado, el senador Hector Martínez, presidente de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta, urgió 'la máxima coordinación efectiva' entre la Rama Judicial y Fortaleza para acelerar los nombramientos porque no tiene ninguno ante sí para consideración.

'Tenemos que evitar a toda costa, que se sigan acumulando vacantes y que sea el ciudadano común el que se vea privado de su legítimo acceso a la justicia, ya que los tribunales no son ágiles por la falta de jueces que vean estos recursos. ¡Se hace imperativo actuar, y es ya!', expresó Martínez en un comunicado.

Al hablar, Martínez representa directamente la posición de su aliado personal y político, el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz. De hecho, la asignación de Martínez a la Comisión de Nombramientos tras volver al Senado mediante elección especial ha causado ronchas ya que se trata de la misma posición que ocupó antes de ser acusado hace 10 años por corrupción. Martínez fue convicto en dos ocasiones por un jurado, pero luego las condenas fueron revocadas a nivel de apelación y del Supremo federal.

Aunque el senador Martínez presenta el problema como uno de acceso a la justicia, la realidad es que todas las administraciones políticas quieren tener la oportunidad de nombrar la mayor cantidad de jueces que puedan, con la esperanza de garantizar algún control ideológico y hasta partidista de la Rama Judicial.

En el otro lado de la controversia se ha colocado el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, cuyo presidente, licenciado Edgardo Manuel Román Espada, propuso que se evalúe enmendar la Ley de la Judicatura para que el número de jueces no sea fijo, con el objetivo de flexibilizar la cantidad de nombramientos conforme a la necesidad del servicio y la capacidad presupuestaria de la Rama Judicial.

'[L]os que visitamos a diario los centros judiciales podemos dar fe de que hay muchos menos casos presentados y personas acudiendo a los tribunales. En las tardes, una gran cantidad de salas están incluso cerradas, subutilizándose', añadió.

El Colegio añadió que los informes estadísticos de la Rama Judicial reflejan una reducción de casos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia. En el año fiscal 2009-2010 se presentaron 212,949 casos nuevos ante ese foro. Los casos nuevos presentados para el año fiscal 2016-2017 fueron 197,042. Es decir, hubo 15,907 menos casos iniciados, una reducción de 7.5%, en apenas seis años.

La reducción en nuevos casos ha venido acompañada de ajustes al presupuesto de la Rama Judicial, recordó tambien la institución. El presupuesto consolidado de la Rama Judicial para el año fiscal 2009-2010 fue $351,449,881. Esa cifra se ha ido reduciendo. Al año fiscal 2016-2017, el presupuesto consolidado fue de $322.9 millones. Para este año, la Junta de Control Fiscal aprobó $293.4 millones, aproximadamente, según surge del presupuesto publicado en el portal de la Junta.

'Es momento de ponderar si corresponde llenar todas las plazas vacantes en la judicatura en virtud de la reducción significativa de casos y de la situación fiscal de la Rama Judicial. Los salarios de los jueces están designados por legislación. Creemos que no es una buena propuesta hacer nombramientos en estas circunstancias, particularmente en el plano apelativo e incluso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El uso de estos ahorros ayudaría a mejorar nuestro sistema de justicia, si se asignan estos recursos para crear plazas de oficiales jurídicos para cada juez(a) de primera instancia, donde más se necesitan, para resolver con celeridad las causas de acción', subrayó el abogado.

La Rama Judicial intentó impulsar un proyecto de ley para aumentar el salario de todas las posiciones de jueces en su estructura que tuvo que ser retirado de inmediato debido a la repulsa de la opinión pública.