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Tribunales

Demandan al Distrito de Convenciones

El recurso judicial fue sometido hoy en el Tribunal de San Juan por la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, que alega que la dependencia pública viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Centro de Convenciones, en Miramar
Foto: NotiCel

La Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público anunció la presentación de una demanda en el Tribunal de San Juan contra la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCCPR).

La demanda es por violación a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, ya que según la entidad la dependencia gubernamental se negó a entregar información sobre emisiones de bonos de la corporación, estados financieros, minutas de su junta de directores, entre otros documentos.

“Se ha radicado esta demanda tras la negación de la Autoridad del Distrito de Convenciones a entregar información pública solicitada sobre su historial financiero. En los pasados meses se le ha solicitado información que debe estar accesible al pueblo, y a pesar de que la solicitud de información presentada por la Comisión cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia, se han negado”, expresó Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la entidad sin fines de lucro.

Prados Rodríguez detalló que el pasado 11 de noviembre la ADCCPR denegó la solicitud presentada, porque según la corporación se tenían que completar unos formularios, pero que de acuerdo con Prados Rodríguez no son requeridos por la Ley de Transparencia.

“La excusa que dio la ADCCPR para denegar nuestra solicitud se basa en un documento que establece requisitos adicionales y trabas que no están contemplados en la Ley de Transparencia para que la corporación pública entregue la información requerida. Estos requisitos adicionales no son otra cosa que barreras innecesarias e ilegales al libre acceso a información pública”, añadió la portavoz.

Del mismo modo, aclaró qu, la exigencia por parte de la Autoridad de Centro de Convenciones de restringir únicamente la tramitación de solicitudes de información pública a que se complete un formulario, y no requerido por ley, constituye "un obstáculo burocrático injusto por lo que claramente atenta contra el derecho fundamental de acceso a la información".

“La Ley de Transparencia permite que cualquier persona presente una solicitud de información sin necesidad de identificarse como persona natural o jurídica. En su Artículo 6 también dispone los requisitos de forma y contenido que debe tener la solicitud: que sea escrita o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico; que incluya al menos una dirección o correo electrónico para recibir notificaciones; que especifique el formato en que desea recibir la información y provea una descripción de la información que se solicita”, declaró.

Recordó que una investigación del Centro de Periodismo Investigativo encontró que otras agencias del gobierno también han creado formularios con más requisitos de los que establece la Ley de Transparencia, "coartando el derecho de todas las personas por igual a obtener información pública de forma accesible y sin trabas".

“El país vive tiempos convulsos, y de gran incertidumbre, en cuanto a las políticas y estrategias que habrán de emplearse para atajar la crisis económica y fiscal que nos agobia, así como en cuanto al quehacer y la legitimidad de sus instituciones de gobierno. Desde esta perspectiva, el derecho al acceso a la información pública es la herramienta desde donde los ciudadanos pueden fiscalizar el caminar de sus gobiernos, insertarse e incidir sobre los asuntos públicos”, puntualizó.

Recalcó que “para la Comisión Ciudadana es sumamente importante que los documentos solicitados a la ADCCPR sean públicos y accesibles al país, ya que estos son parte del acervo histórico del endeudamiento del gobierno de Puerto Rico. Estos documentos serán parte de un archivo digital que la Comisión Ciudadana se encuentra organizando para que el público examine toda la documentación relacionada al endeudamiento gubernamental que nos llevó hasta la quiebra".