Justo cuando se cumplen tres años del divorcio del productor Cesar Sáinz de Leydy Guzmán, aún la pareja se enfrenta en los tribunales por la pensión alimentaria de las menores procreadas en el matrimonio.

Guzmán acudió al Tribunal de Apelaciones para solicitar que se revocara una resolución del 1 de noviembre de 2017, en la que se permitió al productor retirar su admisión de capacidad económica sin que tuviera que justificar su petición en una vista evidenciaria.

La aceptación de capacidad económica es una opción que se da de manera voluntaria, cuando las partes desean priorizar por el bienestar de los menores, además de agilizar los procedimientos de asignar la pensión.

En agosto de 2015, a cuatro meses de que la pareja presentara su divorcio, se estableció una pensión provisional para beneficio de las menores y la resolución incluía una aceptación de capacidad económica de parte de Sainz, con respecto al pago de la totalidad de la pensión alimentaria.

Sin embargo, el 30 de junio de 2016, Sainz presentó una moción mediante la cual solicitó retirar su aceptación de capacidad económica alegando que sus ingresos habían mermado sustancialmente, por lo que ya no podía cubrir la totalidad de los gastos de sus hijas, según se desprende del documento presentado por el Tribunal.

A pesar de que Guzmán se opuso e intentó objetar, Sainz se mantuvo firme en que la petición de retirar este recurso que asumió de manera voluntaria se hizo antes de que la pensión fuera final, por tanto, le cobijaba el derecho de retirarla.

En un principio, el Tribunal se opuso a la alegación del productor y llamó a una vista en la que debía justificar su pedido. Sin embargo, tras varios trámites legales, el 1 de noviembre, el Tribunal reconsideró este dictamen y se suspendió la celebración de la vista evidenciaria.

Finalmente, el Tribunal permitió el retiro de capacidad económica de Sainz, mss concedió a las partes 30 días para demostrar prueba adicional. Fue entonces cuando Guzmán acudió al Apelativo alegando que el primer foro erró en su decisión.

Según los documentos, Sainz no solicitó el retiro de su aceptación de capacidad económica en una etapa 'cercana a la fijación de la pensión permanente ni se utilizó como estrategia de litigio o de forma caprichosa para afectar negativamente los procedimientos', por lo que dictaminó que el Tribunal de Primera Instancia no erró en su determinación.