El gobierno de los Estados Unidos ha violentado su propia Constitución al tratar de manera distinta a los residentes de Puerto Rico en al menos tres programas de beneficiencia: el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Parte D de Medicare para personas de bajos ingresos.

Eso sostiene una demanda sometida en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico el viernes por parte de varios ciudadanos entre veinteañeros y septuagenarios que personifican ese trato desigual, sea porque residen en la Isla y reciben menos bajo esos programas que los residentes de los estados con circunstancias similares, o porque residían en algún estado y dejaron de recibir beneficios cuando se mudaron a la Isla.

'Los efectos de este discrimen manifiesto en contra de los puertorriqueños viola la garantía de igual protección de las leyes de la Constitución de los Estados Unidos. Los tribunales no pueden seguir tratando dicha violación constitucional como algo que está fuera del alcance del remedio judicial', sostienen los demandantes.

'La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) estimó en 2014 que, si los ciudadanos estadounidenses residentes de Puerto Rico fueran tratados iguales a los que viven en los 50 estados de los Estados Unidos, el gobierno federal gastaría hasta $1,800 millones cada año en SSI para los puertorriqueños, hasta $700 millones más en asistencia nutricional y hasta $1,500 millones más en Medicare. Cientos de miles de puertorriqueños se beneficiarían si no fuera por el discrimen manifiesto en contra de los puertorriqueños que está imbricado en la ley federal', consigna.

En cuanto al argumento de que los puertorriqueños no deben recibir los beneficios porque no pagan impuestos federales, la demanda plantea que, por el contrario, los residentes de Puerto Rico pagan unos $4,000 millones anuales en impuestos federales de distinto tipo, y que no es justo que la base para participar en los programas sea cuánto dinero se paga en impuestos cuando los mismos están diseñados para necesidades humanas, no importa en que parte de Estados Unidos resida el necesitado.

'El poder plenario (del Congreso sobre Puerto Rico) no autoriza al Congreso a negarle a los residentes (de la Isla) aquellos derechos enmarcados en la Constitución que son fundamentales... Debido a que la igual protección de las leyes es fundamental, entonces el Congreso no puede discriminal, aún considerando sus poderes plenarios bajo la Cláusula Territorial', añade.

'Esta demanda busca detener y rectificar ese discrimen', concluye al pedir que el tribunal falle a su favor encontrando que las leyes mencionadas violan la Constitución y emitiendo un interdicto para detener el discrimen.

La demanda fue presentada por los bufetes Reichard & Escalera y por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Ambos estudios legales comparten la defensa de los bonistas 'senior' de COFINA en el contexto del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico. En esta demanda particular de la disparidad en los beneficios, tambien les acompaña el catedrático especialista en Derecho Constitucional, y exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Efren Rivera Ramos.

En el detalle de cada programa, desglosan que SSI nunca ha estado disponible para los puertorriqueños porque fueron excluidos de su aplicación desde el principio y que cada beneficiario de ese programa que resida en la Isla podría recibir entre $418 y $422 mensuales.

En el caso de SNAP, la ayuda se recibía en Puerto Rico hasta 1982, cuando el gobierno federal excluyó a la Isla por preocupaciones sobre el 'tamaño, gasto y manejo' del programa aquí. Se estima que, de reactivarse, la Isla recibiría $700 millones más en beneficios que lo que recibe bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) regular.

En el caso de Medicare, se estima que un cambio en los beneficios puede impactar positivamente a 400,000 ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico.

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