El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó a la Administración Rosselló Nevares a entregar información relacionada a las muertes provocadas por el huracán María en la Isla, particular que durante días ha sido objeto de fuertes cuestionamientos luego de que se revelara un estudio de la Universidad de Harvard que sitúa en más de 4 mil el número de fallecidos pese a que el Gobierno de Puerto Rico mantiene su cifra de muertos en 64.

La orden del foro judicial establece un máximo de 7 días para la entrega de información tanto para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como para el medio CNN, luego de que ambos solicitaran información sin recibir respuestas al Registro Demográfico y al Departamento de Salud (DS).

No obstante, entre las particularidades que el tribunal ordenó entregar están las defunciones registradas en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de 2017 hasta la fecha más reciente entrada en el sistema del Registro Demográfico de Puerto Rico y copia de los certificados de defunción emitidos en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el presente. De igual modo, deben ser presentadas copias de permisos de entierros y cremación en la Isla durante la misma fecha.

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Previo a la senticia, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se mostró sorprendido al ser cuestionado sobre la poca disposición de su administración para suministrar información sobre las muertes ocurridas a consecuencia del paso del huracán María.

En esa línea, el documento legal hace hincapie en la poca transparencia de su la Administración Rosselló Nevares para con el suministro de información. '[E]l Gobierno realizará todas las medidas que entienda necesarias para procurar el mayor nivel de transparencia tanto en la recuperación de nuestra Isla, como en los daños a la vida de nuestros ciudadanos causados por este fenómeno atmosferico', lee la resolución de 27 páginas.

Tras la orden del Tribunal, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, indicó que, 'El Gobierno de Puerto Rico cumplió con lo que dispone expresamente la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico. No obstante, ya un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada. La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal'.

Al momento, el Instituto de Estadísticas tambien lleva una batalla legal para al igual que el CPI y CNN, obtener información de parte del DS y el Registro Demográfico de Puerto Rico.

Sin embargo, la actual administración mantiene un acuerdo con la Universidad George Washington (GWU) para revisar la metodología y estimados que llevaron a que su gobierno fijara el número de víctimas en sólo 64. Ese acuerdo ha sido utilizado como excusa para no presentar la información del Registro que solicitaron tanto la Universidad de Harvard como el CPI.

Puedes ver la sentencia pulsando aquí.