El exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Hector Martínez Maldonado, fue suspendido indefinidamente de la profesión de abogado en Puerto Rico luego de ser sentenciado por segunda ocasión el pasado abril en el foro federal por cargos de soborno.

Martínez Maldonado se allanó a la determinación de suspensión provisional del ejercicio de la abogacía a la vez que notificó a sus clientes así como al Tribunal General de Justicia y a los foros administrativos en los que litigaba sobre esta suspensión.

El abogado sostuvo que no tiene ningún caso pendiente ante el Tribunal pero recalcó que apeló la decisión del foro federal en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston.

La resolución del Supremo tambien ordena al suspendido a mantener al Tribunal informado del resultado de la apelación. 'Se le recuerda que procederemos a suspenderlo indefinidamente de la profesión, si el foro apelativo federal confirma la sentencia recurrida', concluye la notificación.

Martínez Maldonado fue sentenciado por segunda vez junto al empresario Juan Bravo a cumplir tiempo en cárcel. El primero de los convictos pidió cumplir la sentencia en el estado de Florida.

El juez Francisco Besosa le impuso al fundador y expresidente de la compañía de seguridad Ranger American una sentencia de cuatro años de cárcel y tres años de libertad supervisada mientras el exsenador recibió igual sentencia, más una pena de $15,000 que tendrá que pagar durante el periodo de probatoria.

Los hechos del caso se remontan al 2005 cuando Bravo invitó a Martínez, en ese entonces senador, a un viaje a Las Vegas para ver la última pelea del púgil Felix 'Tito' Trinidad - viaje al cual tambien asistió el convicto representante Jorge De Castro Font. Según Fiscalía, durante ese viaje Bravo, De Castro Font y Martínez discutieron la aprobación de dos proyectos de ley relacionados a los servicios de seguridad.

Según los testimonios ofrecidos en corte, uno de esos proyectos - el proyecto del Senado 471 - hubiese tenido el efecto inmediato de eliminar la competencia de Ranger American, que en la decada de los 2000 consistía de las empresas Loomis Fargo y Brinks. Esto mediante la imposición de una regulación que obligaría a los jefes ejecutivos de estas compañías a cumplir con 1,000 horas de entrenamiento para obtener una licencia de detective privado y el requisito de ser residente de Puerto Rico.

A diferencia de los ejecutivos de Loomis y Brinks, como presidente de Ranger American, Bravo cumplía con esos requisitos. Por tanto, la fiscalía arguyó que la intención de Bravo en impulsar ese proyecto de ley era eliminar la presencia de su competencia en Puerto Rico para así obtener control del mercado de servicios de seguridad.

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