El Tribunal Supremo federal dio un fuerte golpe a los sindicatos públicos hoy, miercoles, en un caso que podría sacudir la estructura financiera y estabilidad de estas uniones luego que por cinco votos a favor y cuatro en contra se anulara una ley de Illinois que exigía que los trabajadores no sindicalizados pagaran por las negociaciones donde fueran representados por las organizaciones laborales.

'Es difícil estimar cuántos miles de millones de dólares se han quitado a los que no son miembros y se han transferido a los sindicatos del sector público en violación de la Primera Enmienda. Esas extracciones inconstitucionales no se pueden permitir que continúen indefinidamente', escribió el juez conservador Samuel Alito en la decisión de la mayoría.

Con un voto disidente, la magistrada Elena Kagan escribió: 'La Primera Enmienda fue pensada para cosas mejores. No se trataba de socavar, sino de proteger la gobernabilidad democrática, incluso sobre el papel de los sindicatos del sector público'.

Tras la determinación federal, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) reiteró el compromiso con su membresía de mantenerse unida ante la ofensiva antiobrera encabezada por la administración de Donald Trump y la mayoría republicana del Supremo de Estados Unidos.

Hoy el más alto tribunal de EE.UU. emitió una sentencia dirigida a debilitar las organizaciones e iniciativas que protegen a las familias trabajadoras, como son los sindicatos, en el esperado caso 'Janus vs. AFSCME'.

En una decisión muy ajustada de 5-4, la mayoría conservadora de la Corte Suprema opinó que 'el cobro de cargos por servicios a los empleados que no son miembros de la Unión viola la Constitución, lo que quiere decir que las uniones del sector público no pueden cobrar estos cargos por los servicios, derechos y beneficios que les provee la Unión a todos los empleados que representa, incluyendo a quienes no son miembros'.

Esta decisión afecta solo a empleados públicos no unionados que pagan 'cargos por servicios' al beneficiarse de derechos negociados en los convenios colectivos.

'Esta es otra medida de la administración del presidente Trump que beneficia a sus amistades multimillonarias republicanas en detrimento de las familias trabajadoras', declaró el presidente del SPT local 1996 SEIU, Roberto Pagán.

Anticipando esta decisión, el SPT realizó sobre 90 asambleas en todos los municipios en las que 'se reafirmó nuestra voluntad de permanecer unidos y unidas firmando el documento 'Juntos y juntas triunfamos', en cual se reitera la voluntad de unidad sindical.

'Ahora que la Junta de Control Fiscal se empecina en arrebatarnos derechos y beneficios, es más importante que nunca mantener nuestra unidad para defender el futuro de nuestras familias y de la clase trabajadora', añadió Pagán.

Por su parte, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en ingles) -al cual el SPT- está afiliado declaró que 'la membresía de SEIU está comprometida a permanecer unida en el sindicato, a pesar de la decisión de hoy de la Corte Suprema que le facilita a los extremistas antiobreros incrementar su campaña de dividir a las y los trabajadores'.

'No permitiremos que ningún caso judicial se interponga en el camino de nuestra lucha por los mejores empleos sindicalizados que necesitan nuestras comunidades. Sabemos que cuando las personas trabajadoras, de todas las razas, se unen en una unión, tienen el poder de aumentar los salarios, asegurar las necesidades básicas como la cobertura de salud, mejorar sus trabajos, mejorar la vida de sus familias y construir comunidades más sólidas', afirma la SEIU, que cuenta con sobre dos millones de afiliados en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

De modo similar, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, expresó que 'la decisión del caso Janus constituye un estímulo adicional para continuar organizando trabajadores, en el sector público y privado, pues hoy - como nunca antes- la clase trabajadora enfrenta la amenaza de la perdida de derechos y beneficios en manos de la Junta de Control Fiscal y la administración gubernamental'.

En el centro del debate hay una opinión del Supremo de 1977 conocida como Abood vs. Detroit Board of Education, que dice que aunque no se puede exigir a los no miembros de los sindicatos del sector público que paguen tarifas por las actividades políticas de un sindicato se les puede exigir que paguen llamadas 'cuotas justas' relacionadas con cuestiones tales como quejas de los empleados, seguridad física y capacitación.

Casi la mitad de todos los estados tienen leyes que permiten una amplia tarifa de participación equitativa para los empleados públicos.

El caso fue presentado por Mark Janus, un empleado del sector público de Illinois, que impugnó las tarifas. Dijo que debido a que es un empleado del gobierno, los asuntos relacionados con la negociación colectiva son intrínsecamente políticos. Argumentó que la Primera Enmienda lo protegía de tener que apoyar tal expresión política.

Janus ha sido representado en el desafío por grupos como la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo y el Liberty Justice Center.

Los sindicatos del sector público argumentan que la ley exige que representen a todos los empleados, independientemente de si son miembros o no se le exige a nadie que se una al sindicato.

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, recordó que, 'La ley de sindicación de Estados Unidos es distinta a la ley de sindicación de empleados públicos de Puerto Rico. La Ley 45-1998, conocida como la Ley de Sindicación de Empleados Públicos, se basa en el voluntariado. Es por eso que cuando se gana una elección sindical, los miembros de la unidad apropiada tienen 30 días para decidir si se afilian a la unión o no. En esos 30 días, los que no quieren pertenecer a la unión y así no pagar cuota, lo pueden hacer. La experiencia es que la mayoría se mantiene afiliada porque la Unión es la única protección que tiene el trabajador contra la injusticia laboral'.

Según Díaz, si los trabajadores no estuvieran unionados, estarían a merced de los gobiernos y grupos patronales. 'El ejemplo lo vimos hace días, si no fuera porque hay trabajadores organizados, ya no tendríamos Ley 80', apuntó.

Para la líder magisterial, la decisión que tomó el Supremo federal solo busca beneficiar a entes que actúan 'como pretende actuar aquí la Junta de Control Fiscal, Julia Keleher, y otros monigotes de millonarios que quieren vivir en la opulencia a costa de la miseria de otros. Que esa decisión alerte más aún a los trabajadores en Puerto Rico, y los que aún no han podido tener la oportunidad de organizarse en sindicatos, lo hagan, porque es quien único los podrá defender'.

Entretanto, la UGT anunció que,una vez se estudie detalladamente el alcance de la sentencia oreintará a su matrícula sobre las formas de resistir y enfrentar la misma, 'a la vez que desarrollaran noveles formas organizativas que hagan más efectiva la lucha para superar las formidables medidas patronales que al día de hoy pretenden llevar a la más abyecta miseria a la clase trabajadora puertorriqueña'.