La demanda radicada por los presidentes legislativos contra la Junta de Control Fiscal (JCF), en la que alegan que el ente sobrepasó los poderes otorgados por la Ley federal PROMESA, pudiera consolidarse con el interdicto sometido por el gobernador Ricardo Rosselló hace varios días al tratarse de planteamientos similares.

De esta manera, se uniría al reparto que está anunciado para la vista del próximo 25 de julio, fecha cargada de historia en el devenir de Puerto Rico a la que ahora se uniría la cita judicial en la que los poderes constitucionales de la Isla luchan por su relevancia ante los poderes de la Ley PROMESA y la Junta.

Así lo analizó la licenciada Yasmín Colón Colón, del bufete Emmanuelli, a preguntas de NotiCel, despues de que se diera a conocer la nueva demanda en la que tambien se alega que la JCF usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al implementar su presupuesto y hacer recortes en el gobierno central porque no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.

'En esencia, esta demanda tiene planteamientos similares a la que radicó el Gobernador la semana pasada. Ambas plantean que la JCF se está adjudicando facultades que exceden los poderes que le concedió el Congreso por medio de PROMESA', dijo. 'Específicamente, en torno a la demanda de la judicatura, se habla sobre el proceso legislativo, y más específicamente, sobre la solicitud que haya hecho la Junta, mediante las certificaciones del plan fiscal sobre la derogación de la ley 80. Este proceso tomó varias semanas y finalmente terminó en que no se derogó. A raíz de que no se derogó, la Junta incluyó en el presupuesto unas medidas que la legislatura les llama medidas de castigo, por no haberse derogado la ley'.

En detalle, la Legislatura menciona que 'castigaron' directamente a la Asamblea Legislativa, al reducir el presupuesto del Senado en $8 millones y a la Cámara de Representantes, $10 millones.

Los remedios que solicita la Legislatura son bien similares a los del Gobernador en la demanda de la semana pasada, entre ellos, que se declare nulo el presupuesto de la Junta y que se declare que la Junta está usurpando los poderes. En este caso, la Asamblea Legislativa alega que está entrando a legislar, cuando PROMESA no provee esa facultad.

De otra parte, el Gobernador alega que la JCF está intentando entrar en la política pública, que PROMESA mantiene como una facultad del territorio, detalló la abogada. 'Ambas demandas distinguen lo que es la ley PROMESA con lo que fue la Junta en Washington, que allá la ley si le concedía y tenía facultades de anular leyes que habían sido previas a la creación de la Junta. Acá lo limita a las leyes que sean aprobadas luego de la aprobación de la ley PROMESA; no da facultad de anular leyes que ya estaban aprobadas previo a PROMESA', dijo.

'Entendemos que es muy probable que la Junta solicite que se consoliden ambas demandas dentro del caso de Título 3 y que vayan a tener itinerario de radicación de escrito similar y se vean en la vista ómnibus', dijo sobre la vista pautada para el próximo 25 de julio en el Tribunal Federal en Hato Rey.

'No hay razón para que un caso se vea primero que el otro, considerando que la determinación final va a tener el mismo efecto en ambos casos', agregó.

Tambien dijo que los planteamientos que presentó el congresista Rob Bishop sobre los alcances de PROMESA la pasada 'puede ser parte de las argumentaciones que traiga algunas de las partes en estos casos'.

Lea aquí la demanda contra la Junta: