Asediada legalmente por su deuda de pensiones con los maestros de los colegios católicos, la Arquidiócesis de San Juan decidió el sábado pasado someterse a la protección de la Ley de Quiebras mediante una solicitud que se formalizó esta tarde.

La acción no es para una liquidación financiera de la Arquidiócesis, sino para una reorganización financiera. La movida pone a los maestros pensionados, como acreedores mediante una sentencia, a pelear por su dinero con otros acreedores.

En la lista de otros nombres que la entidad ha usado en el pasado está 'Iglesia Católica Apostólica Romana', lo cual adquiere relevancia ya que el caso de las pensiones de los maestros versaba precisamente sobre si la Iglesia Católica de Puerto Rico responde toda como una sola entidad, como reclamaron exitosamente los demandantes, o si está compuesto por distintas entidades separadas, como sostuvo sin exito la Arquidiócesis.

En este caso, los acreedores principales son los maestros pensionados y el Banco Popular.

La Arquidiócesis pidió permiso para retener los servicios legales de Carmen D. Conde y los servicios contables de RSM Puerto Rico para trabajar su solicitud.

La organización estimó sus activos en entre $10 y $50 millones e igual cantidad en deudas.

La acreencia del Popular se estima en $11.1 millones por concepto de prestamos y la de los maestros pensionados se estima en $4.7 millones. Los maestros ya habían comenzado a realizar acciones de embargo despues de que la Arquidiócesis perdiera todas las solicitudes legales para detenerlo. Queda pendiente una solicitud ante el Tribunal Supremo federal.

El único acreedor público revelado hasta ahora es la Autoridad de Energía Electrica con $10,665.50.

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