La agente municipal Yenetamie Díaz Zayas, testigo principal en el caso criminal contra el exalcalde de Guaynabo, Hector O'Neill García, sometió una demanda en el Tribunal Federal ayer contra el exalcalde, su esposa y el Municipio de Guaynabo pidiendo compensación de poco más de $5 millones.

La reclamación civil federal surge en momentos en que todavía está pendiente el caso criminal y reitera el patrón de hostigamiento sexual y represalias que se ha expuesto ya contra O'Neill y por el cual enfrentará juicio en noviembre próximo por siete cargos relacionados a la Ley de Ética, actos lascivos y violencia domestica.

Pero la demanda tambien afirma algo que hasta ahora no ha tenido determinación final en ninguna acción de las agencias fiscalizadoras del Gobierno: que el dinero que O'Neill usó para pagar a Díaz Zayas un acuerdo al que llegaron en la Comisión de Igual Oportunidad de Empleos (EEOC por sus siglas en ingles) fue dinero público del municipio de Guaynabo y no dinero privado de O'Neill.

'El acuerdo sería confidencial, aún cuando la EEOC es una agencia pública, el alcalde O'Neill era un funcionario público y, por información y creencia, el dinero pagado era dinero público', indica la demanda radicada por la licenciada Jane Becker Whitaker.

Este ángulo es parte de una pesquisa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que todavía, a más de un año de primero surgir la controversia, no ha tenido resultados y tambien podría estar bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda. Al pedírsele reacción, la OEG indicó que tiene dos pesquisas abiertas sobre O'Neill, una sobre su conducta y otra sobre sus finanzas. En esta última, O'Neill se ha negado a entregar una información solicitada por la OEG.

Según ha trascendido, esa querella ante la EEOC que Díaz Zayas radicó el 30 de junio de 2016 se resolvió mediante una transacción en la que el abogado Roberto Alonso tuvo un rol controvertible que el mismo catalogó como de 'mediador' cuando, a la vez, se presentó a los medios como representante legal de Díaz Zayas habiendo sido tambien abogado contratista del Municipio. Díaz Zayas no estuvo representada por abogado en la transacción por lo cual Alonso fue el único abogado que intervino formalmente en el trámite. Esta conducta del abogado tampoco ha sido objeto de evaluación etica a más de un año de la controversia. La demanda dice que, despues de radicada la querella, O'Neill usó a 'un amigo' para acercarse a Díaz Zayas y pedirle una transacción.

La transacción de la EEOC oficializada el 27 de diciembre de 2016 era de al menos $300,000 e incluía pagos tanto a Díaz Zayas como a su pareja, el tambien policía municipal, Ángel Reyes, una cláusula de confidencialidad y la promesa de dejar de tomar represalias contra Díaz Zayas por rechazar los avances de O'Neill una vez decidió terminar la relación a la que voluntariamente se sometió por un tiempo.

Reyes es tambien codemadante en el pleito federal el cual da cuenta, además, de que la oficial Díaz Zayas radicó una segunda querella ante la EEOC debido a la continuación de las represalias en su contra, aún despues de que O'Neill renunciara a la alcaldía por el escándalo público. La demanda no dice cuándo fue radicada esa segunda querella.

La demanda sostiene, entre otras cosas, que Díaz Zayas fue discriminada por su genero y que a ella y a su pareja se les violentó el derecho de asociación porque O'Neill García tomó acciones y represalias en contra de ambos despues de que supo que estaban juntos como pareja.

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