El juez federal Pedro Delgado cambió para febrero 22 del 2021 el comienzo del juicio contra la exsecretaria de Educación Julia Beatrice Keleher y otros cinco implicados.

La determinación del juez se da luego de rechazar dos mociones para cambiar de jurisdicción el caso y para modificar los términos de la mordaza impuesta.

A juicio del juez, esta fecha saca del panorama la situación política de las primarias y las elecciones generales del 2020.

Delgado citó como precedentes lo que hizo la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo en el caso del Cerro Maravilla y lo que ocurrió con Aníbal Acevedo Vilá en 2008.

'No quiero que este caso se litigue en los medios', sostuvo el juez Delgado previo a denegar la moción para modificar la mordaza. 'Es difícil evitar la naturaleza de pendiente resbaladiza que tiene esta situación', subrayó en referencia a lo que cree que puede pasar si flexibiliza la orden de mordaza.

Sobre el cambio de jurisdicción, el juez Delgado entiende que los reclamos se curan con el cambio de fecha y con medidas como ampliar la convocatoria de los jurados, aumentar las oportunidades que tendrán fiscales y abogados de descartar jurados sin proveer fundamentos para ello y mediante hacer que los fiscales y abogados desarrollen conjuntamente el cuestionario para escoger el jurado. Normalmente, la fiscalía tiene 6 oportunidades para perentorias y la defensa, en conjunto, tiene 10. Delgado no especificó a cuánto se aumentarán.

Al mismo tiempo, el representante legal de Keleher, Lanny J. Davis, solicitó públicamente ayuda económica para la defensa de Keleher.

'Aprovecho la oportunidad de pedirles que ayude a Julia a pagar los inmensos costos legales de defender su inocencia. Ella es inocente de todos estos cargos', manifestó el abogado al divulgar las direcciones www.gofundme.com/f/jbk-defense-fund y www.jbkdefense.org.

'Los fiscales y yo, en representación de Julia Keleher, hemos acordado que seguiré la orden de mordaza y, por lo tanto, podemos corregir el registro con respecto a informes falsos o engañosos sobre las dos acusaciones', dijo también.

Sobre la moción denegada de cambio de jurisdicción, los abogados María Domínguez, representante legal de Keleher; Abbe Lowell, abogado del expresidente de BDO, Fernando Scherrer; Edgar Vega Pabón, representante legal del contratista Alberto Velázquez Piñol y Jayson González, abogado de la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila, hablaron sobre cómo la 'publicidad excesiva' del caso impide un juicio justo.

Lowell argumentó sobre un estudio encomendado a la empresa Decision Quest, del doctor Arthur Patterson, que a su vez subcontrató a Brawn Research, sobre el conocimiento en los potenciales jurados en Puerto Rico de los imputados. El estudio se hizo a 302 personas a través de llamadas telefónicas en Puerto Rico y en Boston. 

Según Lowell, el 65 por ciento de los potenciales testigos tienen conocimiento de las imputaciones contra el expresidente de la firma BDO y tienen mente hecha en contra de Scherrer. En cambio, en Boston el conocimiento del caso es de un 9 por ciento.

'La gente sigue molesta. En este momento, no hay forma de que en Puerto Rico se pueda tener un juicio justo', expresó Lowell.

En lo que respecta a Keleher, su abogada María Domínguez expresó que el estudio refleja que el 85 por ciento de los potenciales jurados está influenciado en contra de la exsecretaria de Educación. 

'Estos resultados ponen de cabeza al sistema', expuso Domínguez quien expresó que su clienta se ha convertido 'en la persona símbolo de la corrupción'. 

Domínguez mencionó que en su carrera como fiscal y como abogada nunca había visto el trato que recibió Keleher cuando llegó por primera vez al Tribunal Federal. Según la abogada, a Keleher una multitud congregada frente a los portones del Tribunal Federal, le halaron el pelo y la golpearon en el estómago. La situación provocó que la sacaran por la parte posterior del edificio.

Entretanto, Edgar Vega Pabón, abogado de Velázquez Piñol, manifestó en sala que la situación en Puerto Rico ha cambiado desde el verano de 2019, al punto que 'no puedes ni siquiera ir tomar un café sin ser atacado'. 

De otra parte, el abogado de la exayudante especial de Keleher, Glenda Ponce, Juan Matos de Juan, sostuvo que su clienta se ve impedida de recibir un juicio imparcial, por estar incluida en la acusación con Julia Keleher.

'Este juicio en medio de las primarias va a estar en constante discusión', argumentó.

Una segunda acusación contra la exsecretaria de Eduación, Julia Keleher, es por supuestamente ceder un pedazo de terreno de una escuela en Santurce a los desarrolladores de Ciudadela a la vez que tramitaba con condiciones especiales la compra de un apartamento en ese mismo complejo. Esta segunda acusación fue puesta en entredicho hace unas semanas por una agencia de gobierno y un exsecretario de Educación.

Keleher se entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Filadelfia para enfrentar un nuevo pliego acusatorio, después de haber sido arrestada por primera vez en julio de 2019.

En el caso más reciente, su coacusado es Ariel Gutiérrez Rodríguez, un consultor de bienes raíces que ya había sido convicto por fraude bancario en los años 90 del siglo pasado. Según la fiscalía federal, Keleher obtuvo trato preferencial en la adquisición de un apartamento en Ciudadela al autorizar la cesión de 1,034 pies cuadrados de terreno de la Escuela Especializada Bilingüe Padre Rufo en Santurce, localizada detrás de Ciudadela. El ejecutivo Nicholas Prouty de Putnam LAC Holding LLC, empresa dueña de Ciudadela, interesaba el terreno para completar un desarrollo en el área.

Pero el exsecretario de Educación, Rafael Román, aseguró ayer que un secretario de Educación no tiene el poder para hacer una cesión como esa. En entrevista radial (WIAC) hace semanas, afirmó que 'el Secretario de Educación no tiene ni el conocimiento ni el poder para ceder escuelas y terrenos. El Departamento no es el dueño de estas escuelas. El secretario lo único que hace es opinar o no sobre la transacción'.

'Educación no tiene la titularidad de las escuelas. La exsecretaria pudo haber cabildeado y endosado la transacción pero al final son otras agencias las que hacen la transferencia', agregó el exfuncionario.

Román dijo que la mayoría de las escuelas pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos y que otras las administra Educación pero los terrenos pertenecen a Vivienda.

Mientras, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF, por sus siglas en inglés) contradijo una de las aseveraciones del pliego acusatorio.

El documento dice que una entidad sin fines de lucro, que no es nombrada pero que sería la Puerto Rico Education Foundation (PREF), 'desembolsó dinero a AAFAF, la entidad que pagaba el salario de (Keleher)', esto en referencia a que la funcionaria ocupó la secretaría como contratista de AAFAF.

Pero, 'de acuerdo con los archivos y libros contables de AAFAF, entre el 2017 y el presente no se han recibido fondos, donativos ni sumas monetarias de ninguna clase de alguna entidad sin fines de lucro, incluyendo (PREF)', dijo AAFAF.