Catedráticos y periodistas presentaron la Alianza Pro Transparencia, para pedir al Supremo que intervenga con la “intransigencia” del Tribunal Supremo de PR.

Casi 30 años después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocara al Tribunal Supremo de Puerto Rico para declarar el carácter público de las vistas preliminares, otra decisión del Alto Foro local en contra de la transparencia y los derechos constitucionales podría estar pronto a la puerta del máximo foro federal.

El Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) anunciaron ayer la creación de un frente común, Alianza Pro Transparencia (APT) para promover la apertura de todos los procesos gubernamentales, pero primordialmente la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

El proyecto más inmediato en la gestión es aglutinar apoyo público, tanto económico como de pericia legal, para pedirle al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revoque la determinación del Tribunal Supremo local declarando confidenciales los procesos de violencia doméstica y dejando fuera del público las grabaciones de las vistas en las que Andrea Ruiz Costas pidió protección contra una pareja agresora que luego la mató y quemó su cuerpo.

Es la primera vez en medio siglo que los gremios se unen para elevar al Supremo federal una solicitud y, si la misma se acoge, sería la primera vez en 28 años que el máximo foro federal tenga ante sí una controversia sobre el acceso del público a procesos judiciales en la isla. En 1993, el Supremo federal revocó al Supremo local para declarar públicas las vistas preliminares en un reclamo que elevó el periódico El Vocero.

La controversia actual nace el 25, 26 y 31 de marzo, cuando Andrea Ruiz Costas recurrió al tribunal de Caguas para protegerse de su expareja agresora pero no le concedieron sus solicitudes. El 25 y 31 fue una orden de protección ante la jueza Sonya Nieves Cordero y el 26 fue una vista de causa para arresto (Regla 6) ante la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez. El cuerpo de Ruiz Costas apareció quemado en un paraje de Cayey el 29 de abril y de inmediato se planteó la necesidad de conocer qué había sucedido en las vistas en las que dos juezas no le concedieron sus solicitudes contra el asesino confeso Miguel Ocasio Santiago.

El OPC y la ASPPRO sometieron resultados separados que tuvieron el mismo resultado, en seis ocasiones, tres veces en cada caso, el Supremo se negó a entregarlas a los periodistas y también se negó a entregarla a la madre de Ruiz Costas, Olga Costas, quien sometió una declaración jurada para consignar que su deseo era la divulgación. Sin fundamento legal claro, una mayoría del Supremo dijo que los procesos de violencia doméstica eran confidenciales para proteger a las víctimas, por lo que no se podía tener acceso ni a una vista de una mujer que ya estaba muerta.

“No se trata de invadir la intimidad o privacidad de nadie, sino al contrario, busca abrir la puerta a la fiscalización de los procesos jurídicos y de gobierno que afectan la vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. La transparencia no es para los periodistas sino para el pueblo”, explicó la presidenta de la ASPPRO, Damaris Suárez, al presentar la APT. El Comité Timón que maneja la comparecencia al Supremo federal lo componen los abogados Luis Guardiola, también presidente del OPC, Cirilo Cruz Tejada, Rafelli González Cotto, también vocal de la ASPPRO, y Edgar Villanueva Rivera. Además, los profesores Efrén Rivera Ramos, Esther Vicente, y Carlos Gorrín Peralta.

Vicente, una cocreadora de la Ley para la Prevención y la Intervención con la Violencia Doméstica (conocida como Ley 54), le recordó al Supremo local que “en ningún sitio de la Ley 54… se establecen que esos procesos son privados”. Apuntó también que el propósito de la legislación no es encubrir o esconder los actos de violencia doméstica sino proteger a las víctimas haciendo el proceso público para que se conozcan las agresiones.

El Supremo “ha sido bastante intransigente”, opinó Rivera Ramos en su evaluación de las sentencias emitidas en los casos de OPC y ASPPRO. Sumó que cerrar los procesos judiciales y coartar el acceso a la información en este caso va en contra de la propia trayectoria del Alto Foro, y que el carácter público de los procesos criminales y civiles en la isla tiene origen constitucional. “El razonamiento en los dos casos es muy defectuoso… muy débil, muy tenue y que no tiene explicación”, añadió al resumir que “todo esto ha sido un verdadero traspié de la justicia en este país”.

Gorrín Peralta enfocó en el “problema muy serio de debido proceso de ley” que presenta el caso particular de la ASPPRO, ya que el Tribunal de Primera Instancia de Caguas había señalado una vista para escuchar argumentaciones, pero el Supremo, sin que nadie se lo pidiera, lo elevó ante sí para resolverle en contra al gremio sin escuchar sus argumentos.

Guardiola explicó que el primer paso puede costar unos $15,000 y sería solicitar al Supremo federal que acepte evaluar el caso, lo que hace en solo una fracción de las solicitudes que recibe. El licenciado González Cotto precisó que buena parte de los costos son por traducción de documentos al inglés y que ya entidades de Estados Unidos como el Committee to Protect Journalists, el Reporter’s Committee for Freedom of the Press y el Cyberlaw Clinic de la Universidad de Harvard están interesados en evaluar comparecer en el caso u ofrecer servicios pro bono.

Además del grupo legal, el Comité Timón de la APT también cuenta con la profesora de Comunicaciones de la Universidad Interamericana, Ruth Hernández Ríos, y la estratega de comunicaciones y exdirectora ejecutiva de la ASPPRO, Lillian Rivas.

“Nosotros como familia lo que queremos es saber y entender qué ocurrió”, dijo Rebeca Noriega Costas, portavoz de la familia de la víctima, al explicar su deseo de que se publiquen las grabaciones audiovisuales. La familia ya presentó quejas éticas contra las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodríguez.

“(Mi prima) estaba buscando justicia, buscando protección, no es ahora que se la tienen que dar, era entonces, ahora se están protegiendo ellos (los jueces)”, señaló.

Vea:

Justicia se allana a que grabaciones se entreguen a asesino confeso de Andrea Ruiz Costas