Contrario a los hasta seis años y seis meses de cárcel que pide la fiscalía, el exalcalde de Guaynabo entiende que su historial de vida y las circunstancias del caso le hacen merecer probatoria.

La defensa del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, pidió al tribunal federal que esta tarde lo sentencie a 23 meses de probatoria, en vez de los hasta seis años y seis meses de cárcel que pidió el Departamento de Justicia federal.

Pérez Otero fue la única persona que se sometió a juicio de la serie de funcionarios municipales que fueron arrestados y procesados por participar en un esquema de soborno relacionados con contratos de asfalto y desperdicios sólidos.

Al centro de esos casos están el convicto contratista Oscar Santamaría Torres y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, quienes cooperaron con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) haciendo grabaciones encubiertas, entregando o recibiendo sobornos y otros actos. El juicio de Pérez Otero fue el único proceso en el que se sentaron en el banquillo de los testigos.

Fueron particularmente estos dos testimonios los que pesaron sobre la jueza Aida Delgado Colón para que la semana pasada denegara una moción de absolución que estaba pendiente desde mayo de 2023. Los abogados de Pérez Otero habían argumentado en esa moción que los hechos probados en el juicio no se ajustaban al delito de soborno porque no se había establecido un acuerdo explícito entre el contratista corrupto y el alcalde y porque este no había realizado actos a cambio de los $5,000 mensuales que recibía del contratista.

En una moción el viernes para adelantar las razones por las que entienden que la jueza debe apartarse de la solicitud de fiscalía y ser leniente en su sentencia, los abogados Osvaldo Carlo Linares, Eduardo Ferrer Ríos y José Olmo Rodríguez apuntaron que no hubo víctimas en este caso.

“El trabajo contratado por Guaynabo se realizó de manera satisfactoria por el postor más bajo en un proceso de subasta y Guaynabo no sufrió pérdida. Los alegados pagos no vinieron de cuentas de Island Builders, sino de fondos personales de Santamaría y fondos de la compañía de desperdicios sólidos (Waste Collection)”, dijeron los abogados en referencia a que la prueba del caso fue que la discusión entre el alcalde y el contratista era principalmente sobre la empresa Island Builders, con la que Santamaría no estaba formalmente asociado, pero era un frente corporativo suyo.

Expusieron también que la sentencia promedio para convictos por sobornos era de 23 meses de cárcel y que otros alcaldes y funcionarios municipales involucrados en este esquema han recibido sentencias de cárcel de entre 24 y 30 meses antes de que entrara en vigor una nueva guía que reduce la recomendación de sentencia para nuevos ofensores. Sin embargo, no explicaron la diferencia de que esos otros casos fueron resultado de acuerdos para declararse culpables y no de juicio.

“Aunque el acusado está consciente de que las sentencias a las que nos hemos referido son para tiempo en cárcel, en este caso, porque no hubo pérdida para el municipio y por la conducta extraordinaria y ejemplar durante toda su vida, una variación de la sentencia es adecuada”, señalaron en referencia a que lo que piden es probatoria y no cárcel.

La Oficina de Probatoria federal presentó a la jueza en un informe confidencial que en este caso aplican agravantes por tratarse de un oficial público de alto nivel que cometió varios actos de soborno.

“El Sr. Pérez se reunió secretamente con Oscar Santamaría para llenarse los bolsillos con dinero en efectivo y le dio la espalda a la comunidad que fue electo para representar. Este esquema abarcó varios años y el Sr. Pérez hizo todo lo posible para asegurarse que los pagos de soborno no fueran detectados, incluyendo encubrir los mismos de las autoridades tributarias y oficiales electorales”, dijeron los fiscales en una moción el año pasado para pedir entre cinco años y tres meses a seis años y seis meses de cárcel.

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