La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidió hoy, jueves, retirarle la confianza al presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, lo que en terminos administrativos es equivalente a removerlo de inmediato de su alto puesto en el principal centro docente del país.

En una votación de ocho votos a favor y dos abstenidos, Walker Ramos queda fuera de su puesto, al igual que el rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, el decano de la Facultad de Estudios Generales de dicho recinto, Carlos Rodríguez Fraticelli.

Walker Ramos será sustituido interinamente por Celeste Freytes, quien en 2013 también ocupó este puesto.

También estaban implicadas la vicepresidente de Asuntos Académicos a nivel sistémico, Delia Camacho, - encargada de evaluar las solicitudes a la beca -, así como la decana de asuntos académicos del Recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, pero ambas renunciaron a sus puestos durante la tarde de hoy.

'Yo siento que me tengo que abstener, siento que todo esto apunta a algo más allá de estos personajes, apunta a ineficiencia administrativa, cuando no hay orden pasa este tipo de cosas', sostuvo Ana María García Blanco, uno de los votos abstenidos.

Al resto de los funcionarios involucrados que no ocupan puestos de confianza, se decidió referirlos a lo que dispone el reglamento en la sección de acciones disciplinarias. También, se aprobó unánimemente no considerarlos para puesto de gerencia alguno dentro de la estructura universitaria.

Retirarle la confianza a Walker Ramos, y a los otros funcionarios de alto rango administrativo implicados en el escándalo de las becas presidenciales, así como revisar el proceso de concesión de las becas y evaluar si el dinero debe ser devuelto, fueron algunas de las recomendaciones traídas por el subcomité que evaluó el informe.

Durante la reunión extraordinaria del pleno, también se decidió citar al vicepresidente de investigación y tecnología, José Lasalde, para entrevistarlo sobre una posible implicación suya en uno de los casos.

Previo a la determinación final, el presidente Walker Ramos se defendió ante la Junta, reafirmándose en que no renunciaría a su puesto, restándole a su vez validez a los hallazgos del informe y llamándolo un 'escenario de cacería de brujas, matizado por un afán de infligir daño'.

'Del documento, que carece de total objetividad en la narración de los hechos y de referencias serias sobre el marco legal y reglamentario de la UPR, no se desprende que yo, como Presidente de la Universidad, obtuve beneficio alguno como tampoco que haya recibido presiones de nadie en el proceso. Tengo que concluir que los señalamientos que se hacen reflejan las intenciones y acciones de personas interesadas en avivar la intriga política, más que en el perfeccionamiento de los procesos universitarios', sostuvo el presidente en una declaración escrita.

Walker Ramos tuvo acceso el pasado martes a una parte del informe, provisto por el presidente de la Junta, el doctor Carlos Pérez Díaz. El presidente pidió tener acceso al informe completo con los anejos incluidos para poder presentar su posición oficial ante los señalamientos que se vierten en el mismo.

Mientras, Severino Valdezmanifestó en un comunicado de prensa que,'Nos preocupa que se viertan señalamientos acusatorios en un informe y se lleguen a conclusiones sin permitir que las personas aludidas puedan responder las imputaciones. Requerimos evaluar el contenido del documento antes de decidir el curso de acción a seguir'. Además, rechazó cualquier señalamiento que apunte a que su Rectoría haya actuado en violación a los procesos académicos o administrativos en torno a la controversia de la Beca Presidencial.

El representante estudiantil graduado, Gilberto Domínguez Escalera, criticó que se le diera un 'trato prioritario' al Presidente al entregársele copia del informe, sobre todo en el contexto de múltiples solicitudes públicas a la Junta del Gobierno de que divulgara la información.

Del informe se desprende que se ejercieron presiones dentro del sistema para nombrar a algunos de los becados. En el caso de la becada de Arquitectura, Mónica Sánchez - sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez, quien renunció hace menos de dos semanas -, sale a relucir que se le concedió una reunión y luego le otorgaron la beca, a pesar de no haber sido recomendada por el comité evaluador.

En el caso del becado Arturo Ríos Escribano, exasesor en Asuntos Laborales del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se reveló que más de una intervención a su favor surgieron por parte del director interino del Instituto de Relaciones Laborales del Recinto de Río Piedras.

En el caso del becado Carlos Pagán, exasesor del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla, surge que funcionarios de alto rango dentro de la Universidad intervinieron a su favor.

Estudiantes de la UPRRP celebran destituciones

Luego que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidiera mediante votación retirarle la confianza a los funcionarios implicados en la repartición desigual de Becas Presidenciales, la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la UPR, Wilmarí de Jesús, reiteró su satisfacción con lo ocurrido.

‘‘Hoy es un gran día para la comunidad universitaria. Se le retiró la confianza a las personas que le fallaron a la institución y a la ética', puntualizó De Jesús Álvarez en un comunicado de prensa.

La Presidenta del CGE de la UPR-RP expresó también que ‘‘las recomendaciones realizadas por el comité evaluador reafirman los reclamos que los estudiantes llevamos haciendo por los últimos seis meses''.

Según De Jesús Álvarez, desde un inicio se pudo ver las irregularidades dentro del proceso de otorgación de las becas presidenciales del año académico 2015-2016. La también estudiante de Economía sentenció que la salida de estos funcionarios solo representa un primer paso.

‘‘Exigimos que los miembros de la Junta de Gobierno y las autoridades pertinentes tomen acción legal sobre estas personas'', mencionó a la vez que reiteró que el proceso debe continuar con las investigaciones de otros empleados de confianza que participaron de los comités y fueron irresponsables durante el proceso.