Los rectores del sistema universitario dejaron saber su rechazo a los recortes que enfrentará la Universidad de Puerto Rico (UPR), que han sido aumentados a $512 millones a un plazo de diez años por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

'Nos oponemos enérgicamente al Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, mediante el cual se reduce prácticamente a la mitad el presupuesto operacional de la institución', lee un comunicado de prensa emitido desde la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.

'En comparación con otras agencias del gobierno, incluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial, los recortes presupuestarios contemplados en el Plan Fiscal del Gobierno para la Universidad representan una responsabilidad económica mayor para la Institución. No es razonable pretender atender la situación de la crisis económica con recortes drásticos a instituciones como la Universidad sin proveer el tiempo suficiente para hacer el correspondiente análisis del impacto presupuestario. Los responsables de la deuda no son las agencias que le dan servicio al pueblo. La misma fue provocada por las decisiones administrativas incorrectas de pasadas administraciones gubernamentales. Estamos convencidos de que la auditoría de la deuda pública es necesaria porque serviría para evaluar su legalidad y fijaría responsabilidades sobre aquellos que endeudaron indiscriminadamente el País. Por tanto, está ante la disposición del Dr. Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de PR, de la Junta de Supervisión Fiscal y de cualquier otra entidad u organización ciudadana, nuestros recursos humanos, especialistas y conocedores del tema. Todas las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico están comprometidas con este esfuerzo y respaldan la creación de una Comisión Universitaria para la Auditoría Integral de la Deuda Pública', afirman los funcionarios en el comunicado.

A la misma vez, los rectores refuerzan su compromiso con el sistema UPR y detallan en una lista sus compromisos con la Universidad pública.

Proteger la autonomía de la Universidad y la independencia moral de su docencia de cualquier fuerza política, económica o de otra índole.

Mantener el modelo de educación superior pública como un asunto de derechos humanos, orientado a propiciar la movilidad y responsabilidad social a través de sus servicios.

Asegurar una educación superior pública de amplio acceso que redunde en el éxito estudiantil y no en el excesivo endeudamiento de los jóvenes universitarios desde antes de culminar su proyecto académico-profesional.

Garantizar una oferta académica pertinente y actualizada cumpliendo con los más altos estándares de excelencia y de acreditacion internacional.

Declarar que la Universidad de Puerto Rico trabaja para el éxito de sus estudiantes como líderes y profesionales emprendedores, ciudadanos autoexigentes y responsables en un sistema democrático que aspira al mejoramiento de la sociedad con creatividad, servicio y el reclamo permanente de justicia social.

Reconocer que las unidades de la Universidad están interrelacionadas entre sí y con otras agencias del gobierno; por lo que, trastocar su integridad institucional es poner en riesgo el producto humano y los servicios que ofrece al pueblo.

Valorar que la UPR es parte integral de un modelo de planificación regional que desde sus diversos perfiles académicos y socio-culturales convierte sus unidades en importantes catalizadores de las economías regionales frente a las necesidades del País.

Garantizar que las tierras y otros bienes de la Universidad de Puerto Rico, por el poder de las leyes de Puerto Rico y por la voluntad de sus donantes o herederos, son parte del patrimonio institucional para las generaciones futuras y su uso está sujeto a las iniciativas de la comunidad universitaria.

Reafirmar la política de convivencia, no-violencia en la Universidad y repudiar cualquier intento de promover la violencia contra los estudiantes que ejercen su derecho democrático a la libre expresión de forma pacífica.