La otorgación de las becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) podría ser elevada al Tribunal Supremo, decisión que recaerá en la defensa de Carlos Severino Valdez, exrector del Recinto de Río Piedras de la institución, en aras de dilucidar la potestad del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso.

La decisión, a tomarse por el abogado Harry Anduze Montaño, se dará a conocer a finales de octubre tras la cancelación de la vista pautada para el viernes, 21 de septiembre. De acuerdo a sus argumentos en vistas previas, el licenciado asegura que el PFEI radicó cargos contra su cliente fuera de los 180 días reglamentados por la propia Ley orgánica del Ministerio.

En este caso, Fiscalía sometió los cargos 234 días despues de haber formalizado el proceso de investigación. En vistas anteriores ante el Tribunal de San Juan, las fiscales Iris Melendez Vega y Zulma Fuster Troche atribuyeron el retraso al paso del huracán María y al hecho de que el Departamento de Justicia estuvo varios días sin operar.

La visita al máximo foro judicial se daría luego de dos intentos fallidos de la defensa para desestimar los cargos que pesan contra Severino Valdez. En Primera Instancia, fue ante el juez Rafael Taboas Dávila, mientras que la segunda derrota surgió en el Tribunal Apelativo durante el verano.

Junto al expresidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, el exrector enfrenta imputaciones por malversación de fondos, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y omisión en el cumplimiento del deber a raíz de la entrega dudosa de becas de estudios graduados en la institución educativa.

Los cuestionamientos jurisdiccionales del Ministerio han sido la defensa principal del abogado Anduze Montaño, quien tambien había sometido una moción para separar las vistas de su cliente y las de Walker Ramos, pedido que tambien fue denegado.

Pese a que los procedimientos se han dado en conjunto, los abogados del Expresidente de la UPR, Jose Velázquez Grado y Keishla Martínez Souchet, no radicaron una moción similar a la de Montaño.

En diciembre de 2017, el Tribunal encontró causa para arresto contra ambos academicos en relación a la entrega de las llamadas 'Becas presidenciales' en la UPR.

Tal como trascendió en el 2016, Severino Valdez y Walker Ramos participaron en la entrega de tres becas de estudios graduados en la institución, pero se presumía que las subvenciones fueron concedidas de manera dudosa porque los becarios fueron recomendados antes de la fecha de convocatoria. Igualmente, y contrario a la reglamentación de los fondos, los agraciados no tenían enfoques academicos prioritarios ni solicitaban ingresar a instituciones de alto prestigio, con la excepción de uno.

Los cargos de los exfuncionarios corresponden a los tres becarios: Mónica Sánchez Sepúlveda, la sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez; Carlos Pagán Cuebas, quien fungía como asistente del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla; y Arturo Ríos Escribano, exasesor en Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla.