Juez federal desestima demanda de Expresidente de la UPR porque el contrato indicaba que las reclamaciones debían ser radicadas en el Tribunal Superior, no en el federal.

El juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, desestimó la demanda por intervención política que radicó el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, porque su contrato mandataba que la reclamación debía ser radicada en el Tribunal de Primera Instancia, en vez de en el federal.

Haddock Acevedo presentó su reclamación federal en septiembre de 2021 contra varios miembros de la Junta de Gobierno de la UPR indicando que su despido en julio de 2021 fue ilegal y pidiendo la compensación remanente en su contrato (casi $500,000) y otros $4.4 millones por daños.

Pero en una decisión del martes pasado, Arias Marxuach se limitó a observar que el contrato contenía una disposición que indicaba que las disputas que surgieran del mismo tenían que ventilarse en el Tribunal de Primera Instancia. "[E]l tribunal encuentra que esta cláusula es indudablemente mandatoria", concluyó.

La demanda federal de Haddock Acevedo presentó imputaciones de intervención político partidista en la gerencia del primer centro docente del país por parte de los miembros de la Junta, licenciado Walter Alomar Jiménez y el actual secretario de Estado, Omar Marrero Díaz.

Específicamente, la demanda alegó que Alomar Jiménez, “un miembro y activista del PNP y asesor cercano del Gobernador de Puerto Rico (Pedro Pierluisi Urrutia)” y también “amigo cercano” del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, presionó sin éxito a Haddock Acevedo para:

-“Coordinar y facilitar la otorgación de contratos en la Universidad a personas y entidades afiliadas al PNP”.

-Designar como rectora en propiedad a la entonces rectora interina del Recinto de Mayagüez, Santiago Gabrielini (la codemandante en el otro pleito por la sucesión presidencial), porque esa era la designada del partido. Cuando no accedió, la presión escaló a una llamada del entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz.

-Revertir la destitución de Katherine Melénez como Ayudante Especial del Presidente. Meléndez, “una activista del PNP y protegida de Alomar”, había sido destituida por su condena del delito de malversación de fondos como parte del escándalo del Programa CRECE.

-No aceptar la renuncia por retiro del exrector de Carolina, Jorge Valentín Asencio, “un activista de mucho tiempo del PNP”, que actualmente es miembro de la Junta de Gobierno.

-Despedir al director asociado de la Oficina de Sistemas de Información, Heriberto Luna de los Santos, por declaraciones que hizo en redes sociales en contra del gobierno del PNP. De hecho, una alegación adicional es que Alomar Jiménez presionó y consiguió que la dirección de la Oficina de Comunicaciones despidiera a la empleada de la oficina, Istra Pacheco, por expresiones en redes sociales también descritas como en contra del gobierno PNP.

-Restituir un contrato de colocación de antenas satelitales que tenía el esposo de la activista PNP, y exsecretaria de la Junta, Magdalisse Ramos. La rectoría de Río Piedras lo había cancelado tras determinar que fue adjudicado de manera ilegal.

-Remover a Rubén Colón Morales como representante de la UPR en la junta de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), de manera tal que se consiguiera la aprobación como presidenta de esa corporación de la candidata de la Administración Pierluisi, Mabel Jiméndez Miranda. Esa instrucción de sacar a Colón Morales “vino de La Fortaleza”, le dijo Alomar Jiménez. La presión escaló en este caso con llamadas de Marrero Díaz, quien le exigió sacar a Colón Morales, también como un mandato que “venía de La Fortaleza”. La sucesión en COSSEC provocó una demanda que logró detener la elección de Jiménez Miranda por irregularidades en el proceso, pero los designados por el Gobernador en esa Junta aprovecharon un lapso en el nombramiento de Colón Morales para volver a provocar una votación en la que la sustituta de este en la Junta, la directora interina del Instituto de Cooperativismo de la UPR, Angie Varela Llavona, votó a favor de Jiménez Miranda. Varela Llavona fue secretaria de la Familia bajo el exgobernador Pedro Rosselló González.

De Marrero Díaz se añade que fue el que emitió las instrucciones a Colón para que destituyera al demandante.

Haddock Acevedo también señala que, después de todas estas instancias, Alomar Jiménez presentó a su amigo, Ubaldo Córdova, a Caridad Pierluisi, la hermana y asesora del Gobernador, con la recomendación de que fuera su sucesor en la presidencia de la UPR. Córdova fue posteriormente un candidato a la presidencia de la institución.

La decisión del juez de desestimar el pleito no entra en las alegaciones ni la prueba.