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Pugna legal por la obra del novelista Enrique Laguerre

La Editorial Cultural enfrenta una demanda por alegadamente publicar y vender libros al Departamento de Educación en violación a las leyes de derechos de autor.

Según el texto de la demanda, en el 2000 y 2003, la Editorial firmó un contrato con el escritor Enrique Laguerre para publicar hasta 25 mil copias de las versiones revisadas de 'La resaca' y 'La llamarada' respectivamente, con una liquidación anual de un 15% de las ganancias.

En el 2004, Laguerre, quien murió un año después, firmó un contrato para otorgarle el derecho a la Editorial de venderle estos trabajos al Departamento de Educación durante siete años consecutivos.

Según el texto de la demanda, en el cual aparece Beatriz Laguerre como una de las demandantes, estos derechos expiraron el 3 de marzo del 2013, y desde el 2008, la Editorial no ha emitido pago alguno a los descendientes de Laguerre, quienes alegadamente retienen los derechos de su obra.

'Los documentos dicen todo lo contrario', reaccionó a NotiCel el director de la Editorial Cultural, Francisco Vázquez, quien dijo carecer de conocimiento sobre la existencia de la demanda.

Vázquez comentó que todo lo referente a las sucesiones se trabajan a través de los abogados y que debía echarle un vistazo a los documentos. Sin embargo, alegó que quizás los derechos de los familiares habían vencido por ser las obras de Laguerre de dominio público.

'Muchas de las obras de Enrique son de dominio público porque caían dentro de un período de tiempo en que había que renovar y el autor no renovó la titularidad sobre los derechos. [Los familiares] tendrían que demostrar con títulos de propiedad y copyright las obras a las cuales ellos tienen derecho, de lo contrario, La llamarada y La resaca Editorial ya son de dominio público', sostuvo. Incluso, agregó, la Editorial Plaza Mayor ya publicó uno de los títulos.

La segunda parte de la demanda se refiere a una adaptación teatral de 'La llamarada', escrita por el dramaturgo Roberto Ramos Perea, que la Editorial alegadamente publicó y vendió al Departamento de Educación sin consentimiento del autor, venta de la cual el segundo demandante, Ramos Perea, no ha recibido un centavo.

Sin embargo, Vázquez defendió su gestión. Según su versión, el contrato para realizar una adaptación teatral de 'La llamarada' se negoció con el grupo Teatro Caribeño, que tenía interés en preparar una adaptación teatral del texto, de la cual tomó el mando Ramos Perea. En aquel entonces, Vázquez era el agente literario de Enrique Laguerre, dijo.

'Yo exigí en aquel momento, que recuerdo que estábamos cenando con Ulises [Rodríguez de Teatro Caribeño] y Enrique, exigí que los derechos los retuviera Enrique como una obra derivada, durante diez años y luego revertían a Ramos Perea', enunció Vázquez.

Según Vázquez, tan pronto venció el contrato, se retiró todo el material dramático.

'Somos una casa editora seria, pequeña, no pensamos en enriquecernos más allá de nuestros salarios, somos una familia y trabajamos', expresó el director.

La Editorial Cultural es una corporación con fines de lucro inscrita en el Departamento de Estado desde noviembre de 1968, que por más de 65 años se ha dedicado a la publicación de títulos puertorriqueños. La estableció el padre de Francisco Vázquez junto a René Marqués, Pedro Juan Soto, José Luis González, Emilio Díaz Valcárcel, entre otros autores consagrados de las letras puertorriqueñas.

'Siempre hemos sido de un perfil bajo, somos una empresa familiar, no nos hemos identificado políticamente con ninguna de las tendencias y tenemos un historial transparente', aseguró Vázquez en entrevista con NotiCel.

La demanda, firmada por el abogado José Hernández Mayoral, exige que la Editorial Cultural cancele los registros de 'La llamarada' y 'La resaca' por ser fraudulentos, y además, que reporte toda ganancia que ha generado de ambos textos y de la adaptación teatral de Ramos Perea, retribuyéndole el dinero que le pertenecería como autor de prevalecer.

NotiCel se comunicó con la parte demandante, quien entró en contactó con su abogado antes de emitir cualquier declaración.

(Archivo/NotiCel
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