El secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, presidirá el nuevo organismo.

A dos días de su primera reunión con la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia creó hoy un comité timón para fiscalizar el polémico contrato que cedió a LUMA Energy -mediante una Alianza Público Privada- la administración del sistema de distribución y transmisión de energía del país por un costo de $1,500 millones.

Inmediatamente, el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa, y el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, expresaron reparos porque aseguraron que la acción no atenderá los defectos de la contratación, mientras LUMA recibió con agrado la noticia.

La Orden Ejecutiva, de seis páginas, estableció que el secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, presidirá el cuerpo compuesto por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero Díaz; el director ejecutivo de la Alianza Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés Gómez; el director ejecutivo de la AEE, Efran Paredes Maisonet; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Laboy Rivera; el Secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago; y el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.

Estipuló que el Comité Timón, que estará adscrito a la Oficina del Gobernador, se asegurará de la “plena y efectiva ejecución del contrato”, pero garantizado cinco puntos: que la privatización de la red eléctrica no traiga consigo un aumento en la tarifa de energía eléctrica; que se garanticen los derechos adquiridos de los empleados de la corporación pública y que el contrato no sea utilizado como fundamento para su despido, que se realicen las aportaciones necesarias al Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, que existan medidas que eviten conflictos de intereses en las contrataciones a subsidiarias de LUMA que participen en la reconstrucción del sistema eléctrico y que se establezcan métricas claras y específicas de cumplimiento y desempeño.

La directriz también consignó que el proceso de privatización responde a un mandato contenido en los planes fiscales aprobados por la Junta de Control Fiscal para el Gobierno central y la propia AEE. Esta exigencia, a su vez, desembocó en la aprobación de la Ley 120 o la Ley para la Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

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El Gobernador defendió sus acciones, que aseguró responden al análisis del contrato que su equipo de trabajo realizó durante la contienda electoral, y pidió tiempo para que se vean los frutos de esa tarea asignada.

“Yo lo que estoy haciendo al crear ese comité timón es precisamente velando porque se cumpla con la política pública, atendiendo las inquietudes que yo mismo levanté ante el contrato y son básicamente cinco puntos pero pueden haber más”, respondió Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Así que yo he sido bien claro. En vez de dejar en manos exclusivas de la P3 (Public Private Partnership), que era como estaba, he creado este Comité Timón que están todos los funcionarios que tienen que ver directa o indirectamente con este asunto de la P3 en la Autoridad de Energía Eléctrica y lo está presidiendo el que fue coautor de la Ley de política pública energética y que participó activamente en la aprobación de Ley de Transformación Energética en Puerto Rico, que es Larry Seilhamer. Vamos entonces a darle el espacio a ese Comité Timón para que cumpla con esta encomienda que yo le he dado”, agregó.

Además, exhortó a la Utier y otros grupos u organizaciones interesadas en este asunto a reunirse con los miembros del Comité Timón, pero dejó entrever que no se reunirá con Figueroa Jaramillo, quien le solicitó una cita.

“Leí con detenimiento las cartas que me ha sometido la Utier, de igual manera pienso que Larry Seilhamer como presidente de ese Comité Timón y los miembros del comité timón deben darle audiencia a Figueroa Jaramillo si así lo pide”, indicó.

Ecos de otro proyecto

Para Torres Placa la orden ejecutiva tiene un tufo al proyecto 1693, que el senador Carmelo Ríos Santiago sometió al final de la Sesión Extraordinaria pasada. La medida procuraba cambiar la composición de la Junta de Gobierno de la AEE para añadir tres funcionarios del gabinete de gobierno: el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y el director de la Oficina de Reconstrucción y Recuperación. Ese aumento a una junta de 10 miembros, según el Senador, permitía al Gobierno fiscalizar el contrato.

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El mes pasado, el propio director ejecutivo de la AEE, Efran Paredes Maisonet denunció durante las vistas de transición gubernamental que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas no contaba con la experiencia, ni el peritaje para realizar esa labor de fiscalización del contrato.

A seis meses de firmado el contrato LUMA Energy, Paredes Maisonet admitió que la corporación pública mantenía todas las responsabilidades de la operación del sistema eléctrico, pero no participará en la toma de decisiones neurálgicas como una emergencia ambiental. Las decisiones las tomará LUMA Energy bajo la tutela de la AAPP, el administrador del contrato.

Ni esa medida, que quedó engavetada, ni la Orden Ejecutiva atienden el problema con el contrato, que insistió Torres Placa requiere de enmiendas sustanciales.

“Aunque ese comité lo preside Larry Seilhamer, quien tiene amplio conocimiento del tema energético, no le vemos mucho futuro para lograr esas enmiendas porque incluye a los tres miembros exofficio que pretendían politizar la Junta. Si verdaderamente este Comité pretende hacer una diferencia debe tener representación de los consumidores, del interés público, empleados de la Autoridad y el sector privado”, afirmó en entrevista con NotiCel.

Torres Placa resaltó además que la directriz ejecutiva también busca que se cumpla con la política pública establecida por la Ley 120.

“Si el Comité Timón va a recomendar acciones necesarias para cumplir con la Ley 120 aquí no va ha haber ningún cambio significativo porque la Ley 120 es la raíz del problema porque le quita poderes al Negociado de Energía y fuerza este tipo de acuerdo que se ha logrado”, insistió.

En sus redes sociales, Figueroa Jaramillo cuestionó que el gobierno central tenga que prestar $894 millones a la AEE para completar el proceso de transición a LUMA Energy y recordó la promesa de campaña de Pierluisi Urrutia de procurar enmiendas al “contrato nefasto”, que contó con la bendición de la JCF y de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Defiende gestión de AAPP

El Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) volvió a defender el contrato.

“La selección de LUMA Energy (“LUMA”) fue el resultado de un proceso de evaluación y selección riguroso, minucioso y de análisis metódico, guiado por la responsabilidad que rige todos los procesos de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas”, indicó Fontanés Gómez en declaraciones escritas.

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“Este contrato de alianza público-privada incluye garantías en función de los mejores intereses de las partes y de Puerto Rico. Desde su otorgamiento, hemos atendido y aclarado oportunamente todas las preguntas relacionadas al mismo, particularmente aquellas relacionadas a la tarifa, empleados y proceso de transición, entre otros. En ese sentido, consideramos responsable la creación de un Comité Timón por el gobernador Honorable Pedro R. Pierluisi que sirva el propósito de continuar impulsando un proceso de transición transparente, ordenado y eficiente para alcanzar los objetivos del proyecto”, agregó.

Dijo también que dicha Orden Ejecutiva apoyaba la función de la agencia que dirige y su gestión para fortalecer la infraestructura de Puerto Rico para contribuir a su desarrollo social y económico.

El pasado 22 de junio, la AAPP anunció la selección del consorcio LUMA Energy para operar y administrar el sistema de distribución y transmisión de energía por un costo de $1,500 millones, que la AEE desembolsará a lo largo de 15 años. Luego del proceso de transición, el consorcio debe comenzar a operar el sistema a partir de mayo de 2021.

Visto bueno a la orden

En declaraciones escritas, LUMA Energy recibió con agrado la nueva directriz que crea el Comité Timón.

“Nos complace que el gobernador Pierluisi haya conformado este grupo de trabajo para asegurar que se cumpla el principal objetivo del acuerdo, la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico en uno centrado en los clientes, confiable, sostenible y económico”, apuntó Wayne Stensby, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA Energy.

“La transparencia es un valor fundamental para LUMA, sobretodo porque un mejor sistema eléctrico mejorará las vidas de todos los puertorriqueños, y habremos de colaborar con el Comité en su encomienda de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, agregó.

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Stensby detalló que LUMA se encuentra en el proceso de reclutamiento de empleados para lograr la transformación abarcadora del sistema eléctrico de la isla.

Indicó que los empleados de la AEE recibían trato prioritario en ese proceso, pero el mes pasado Paredes Maisonet censuró las políticas de contratación de la empresa y señaló que la transición entre la empresa privatizadora y la AEE se había caracterizado por la falta de información, la poca transparencia y la insensibilidad.

“Ningún empleado de la AEE perderá su trabajo como resultado de esta transacción. Quienes no se unan a LUMA tendrán la opción de permanecer en la AEE o transferirse a otras agencias del gobierno de Puerto Rico. Este marco lo establece la Ley 120 y el acuerdo no cambia ni intenta cambiar dicha ley. Esos empleados también mantendrán sus derechos y beneficios de acuerdo con la ley”, señaló Stensby.

Apuntó también que los empleados que pasen a LUMA podrán optar por seguir cotizando en el plan de retiro de la AEE o inscribirse en el plan 401K que la empresa ofrecerá a los empleados, entre otros beneficios.

Al abordar el tema del costo de la electricidad, Stensby dijo que corresponde al Negociado de Energía evaluar, fijar y aprobar la tarifa de servicio eléctrico, según lo dispone la Ley de Transformación Energética.

Mira la Orden Ejecutiva aquí: