Fortuño limita derechos a fianza y libertad a prueba
El gobernador Luis Fortuño convirtió hoy en ley cuatro proyectos que según él harán ?más ágil y efectivo? el proceso de convicción de las personas acusadas de delitos violentos y que alegadamente prestan más herramientas a la Rama Judicial y a los funcionarios de seguridad pública en el desempeño de sus funciones.
'Seguimos fortaleciendo nuestros esfuerzos para asegurarnos de que los criminales no quedarán impunes. Hoy firmamos 4 medidas que permitirán tramitar más ágil y efectivamente su convicción y proteger mejor a nuestras comunidades', expresó el Gobernador.
La primera medida provee los elementos necesarios para revocar la fianza a aquellos acusados de delitos violentos tales como asesinatos, violaciones, robos domiciliarios o Ley 54 con grave daño corporal, cuando éstos violenten algunas de las condiciones impuestas por el tribunal o cometan nuevos delitos estando en libertad bajo fianza.
'El hecho de mantener bajo custodia a un imputado que representa un riesgo, ayuda a proteger a la comunidad', expresó Fortuño.
'El 19 de agosto Puerto Rico podrá elegir extender esta importante herramienta a toda la Isla, con las enmiendas constitucionales al derecho a la fianza en ciertos casos de asesinato. Hoy tomamos un paso más para devolverle la paz a nuestras comunidades con la firma de una ley que nos permite revocar la fianza y encarcelar a aquellos que incumplan ciertas condiciones de fianza impuestas por el tribunal en delitos violentos. Aquellos que le fallan a la sociedad y no respetan nuestras leyes no deben caminar libremente por nuestras calles', expresó el Primer Ejecutivo.
Además, el Gobernador agregó que con una de las medidas firmadas se están ampliando los requisitos impuestos para que los imputados bajo fianza tengan condiciones adecuadas sobre su participación en los procesos judiciales, cumplan con una prueba de dopaje, y entreguen su pasaporte, entre otros requisitos más seguros para la comunidad y las víctimas.
Según datos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), durante los pasados 3 años más de 800 imputados de delitos que quedaron en libertad bajo fianza violentaron algunas de las condiciones para su libertad o delinquieron nuevamente.
El Primer Mandatario firmó, además, la medida que facultará a los oficiales correccionales y a los agentes del orden público, poder en ley para el arresto inmediato de convictos bajo probatoria que violenten las condiciones impuestas para la libertad a prueba. 'Debemos responder de inmediato y con todo el peso de la ley contra cualquier persona que atente contra la seguridad del Pueblo', manifestó Fortuño.
En ese sentido, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Jesús González Cruz, dijo que datos de la agencia indican que para el año fiscal 2010-2011, 643 confinados cometieron delito nuevamente o violaron las condiciones de la libertad provista mientras disfrutaban del Programa de Comunidad (libertad bajo ciertas condiciones).
La tercera medida firmada por Fortuño establece la creación de las salas especializadas para casos de asesinatos. Las salas serán exclusivamente para atender juicios de asesinatos en todas sus modalidades y los jueces que sean asignados a presidir estas salas estarán adiestrados en el área criminal.
'Sólo se dedicarán a atender juicios en casos de asesinato, lo que permitirá crear un sistema ágil y eficiente para investigar, esclarecer, encausar y lograr la convicción de los criminales que comenten asesinatos', sentenció el Gobernador.
Por su parte, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, agregó que, 'al crear las salas especializadas para asesinatos, se mejorará la distribución de casos de crímenes violentos que se atienden en nuestros tribunales y se logrará agilizar el encausamiento de las personas que representan una amenaza a la seguridad'.
Finalmente, el Gobernador firmó varias enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal que regulan el descubrimiento de prueba, eliminan los retrasos innecesarios y se evitan dilaciones en la tramitación de los procesos.