El esquema mediante el cual la Autoridad de Energía Electrica (AEE) pudo haber sobrepagado cientos de millones de dólares en la adquisición de petróleo certificado como de mayor calidad a la que realmente tenía está al centro de una demanda de clase sometida hoy ante el Tribunal Federal que pretende adentrarse en las operaciones del llamado 'Cartel del Petróleo', y que busca alcanzar a jugadores internacionales como la atribulada Petrobras en Brasil.

La demanda está predicada sobre los preceptos de la Ley Federal Anticrimen Organizado (RICO por sus siglas en inglés), e incluye como demandados, además de a la propia AEE, a su exjefe de compra de combustible entre 1996 y 2014, William Rodney Clark, a su sucesor, Edwin Rodríguez, al coordinador de servcios de la Oficina de Compra de Combustible, César Torres Marrero, y a las empresas distribuidoras de petróleo, Petrobras America Inc. (así como a su matriz en Brasil), Puma Energy, Vitol S. A., y a las puertorriqueñas PetroWest, Inc. y Carlos R. Méndez <><><><><><><><><> <> <> & Associates. También a los laboratorios Inspectorate America Corporation, Bureau Veritas Holding, Inc., Core Laboratories N.V. h/n/c Saybolt ('Saybolt'), Altol Chemical Environmental Laboratory Inc. h/n/c Alchem Laboratory, y Altol Environmental Services, Inc. h/n/c Altol Enterprises./p

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La alegación principal es que los demandantes conspiraron para que la AEE comprara millones de barriles de combustible certificados como que cumplían con los requisitos de los contratos de suplido y de decretos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), cuando, 'de hecho, los demandantes suplieron a la AEE con combustible que no cumplía con las especificaciones de los contratos ni de la EPA, pero que fue aceptado por la AEE a cambio de, por información y creencia, pagos de regalías o comisiones entre los participantes del esquema que se mantuvieron secretos'./p

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'Como resultado de este esquema, la AEE sobrepagó a sus suplidores de combustible y pasó todos esos costos por el combustible no autorizado a los demandantes y su clase a través de sus facturas mensuales de electricidad', añaden./p

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La demanda sostiene que estos pagos ilegales entre los supuestos conspiradores incluyen, según definido por el Servicio de Rentas Internas federal, pudieron darse mediante cheques, efectivo, regalos, y recreación extravagante./p

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La demanda reclama que la clase de clientes afectados es toda aquella persona que fuera cliente de la AEE en el período desde el 1 de enero de 2002 al presente y sostiene que a la clase hay que repagarle el dinero que pagaron de más por este esquema durante todo ese tiempo, incluyendo que el tribunal confisque a las entidades involucradas ganancias de otros negocios para asegurar ese repago. Bajo la ley RICO, el tribunal también puede imponer una triple compensación a los demandantes./p

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