El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, anunció la presentación de una moción ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston para que se atiendan con urgencia las apelaciones del Estado a la decisión del juez federal de distrito, Francisco Besosa, en la que se le prohíbe al gobierno poner en vigor la ley que le permitiría a las corporaciones públicas reestructurar equitativamente sus deudas, al tiempo que garantiza a la ciudadanía los servicios esenciales.

En la moción, el Estado establece que el Tribunal de Apelaciones federal debe actuar con celeridad toda vez que la decisión de Besosa deja al Estado Libre Asociado desprovisto de una marco jurídico para la reestructuración económica de las corporaciones públicas.

'El Primer Circuito debe actuar con urgencia pues la decisión equivocada del tribunal de distrito deja en incertidumbre a las corporaciones públicas en cuanto a su responsabilidad dual de atender sus obligaciones económicas, así como brindar los servicios esenciales al país. Desde el punto de vista jurídico, entendemos que prevaleceremos pues el campo no está ocupado y nuestras corporaciones públicas no son elegibles bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal', explicó Miranda.

El pasado 10 de febrero el Estado presentó las apelaciones a las sentencias emitidas como resultado de las demandas incoadas por las firmas de bonistas Franklin y Blue Mountain.

En la solicitud que hace el Estado se pide también que se consoliden ambos casos pues en ambas sentencias se prohíbe la puesta en vigor de la Ley 71 del 2014.

'Le estamos proponiendo al tribunal federal de apelaciones un calendario que comience tan pronto como el 16 de marzo, fecha en la que estaríamos presentando nuestros alegatos como apelantes. Esperemos que el Tribunal reconozca la urgencia de atender nuestra apelación pues es sumamente importante que la legislación continúe disponible para las corporaciones públicas de Puerto Rico', concluyó el Secretario.