La acción del ente federal busca detener la implementación de nuevas leyes sobre retiro de empleados públicos.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz dijo el miércoles que los abogados de AAFAF evalúan la demanda presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con las que buscan detener la implementación de nuevas leyes sobre retiro de empleados públicos.

“Luego de extensas conversaciones, el Gobierno de Puerto Rico logró que la JSF desistiera de su intención de recortar las pensiones de los retirados como parte del proceso de quiebra bajo la ley federal PROMESA. Ese compromiso también se extiende a nuestros empleados públicos que están próximos a retirarse y que merecen una pensión justa. Por esta razón, nuestra administración ha intentado negociar de buena fe con la JSF para llegar a un consenso con relación a las Leyes 80, 81 y 82, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros empleados públicos no esenciales y próximos a retirarse, de una manera fiscalmente responsable”, dijo Marrero Díaz en declaraciones escritas.

“A pesar de nuestros esfuerzos y las múltiples alternativas y soluciones viables que le hemos presentado a la JSF, dicho organismo presentó anoche una demanda ante la jueza Swain para anular las Leyes 80, 81 y 82, así como la Resolución Conjunta 33, que pondría en marcha la implementación parcial del Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80-2020. Nuestros abogados están evaluando el recurso para determinar los próximos pasos a seguir”, añadió el también secretario de Estado.

La Junta de Supervisión Fiscal presentó una demanda contra el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el fin de impedir que el gobierno ponga en vigor cuatro medidas que beneficiarían a los empleados gubernamentales.