Los dueños de un hogar de ancianos en Juana Díaz se exponen a la pena de muerte si la fiscalía federal logra acumular las evidencias necesarias para encausarlos por fraude y posiblemente asesinato.

Ambos fueron arrestados hoy por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) en un operativo contra personas imputadas de fraude a seguros de vida.

'Imagínense este escenario. Una señora que tiene este hogar de ancianos, donde ella se supone que los cuide y les de cariño y atención. ¿Que sucede? Les sacan unas pólizas de seguro a alguno de esos ancianos por 100 mil dólares. Ese es el escenario del caso que estamos presentando inicialmente', dijo la fiscal Rosa Emilia Rodríguez en conferencia de prensa.

Según el pliego acusatorio, Luz Santiago Torres y Fernando Santiago, quienes eran propietarios del Hogar Sueño Feliz en Juana Díaz, con la ayuda de los vendedores de seguros Jimmy Santiago Burgos, Felix Rosa Rosa, Jose Rivera Esparra y Ulises Feliciano- Caraballo conspiraron delinearon y participaron en un esquema para defraudar a compañías de seguros, al aplicar, pagar y recibir la compensación monetaria del asegurado, que supuestamente no sabía que tenía una póliza a su nombre.

Fueron siete compañías de seguros y radicaron más de 30 pólizas fraudulentas. El caso es elegible para pena de muerte porque, según Rodríguez Velez hubo cuatro asegurados en cuyas pólizas había una cláusula que otorgaba compensaciones mayores si su muerte se daba en circunstancias violentas.

Los hermanos Jose Torres Cruz y Margarito Torres Cruz murieron atropellados -en fechas distintas, el 31 de octubre de 2009 y el 2 de junio de 2018- a pasos del hogar que administraba Luz Santiago Torres.

'Estamos hablando de un caso bien triste. Cuando un caso como este, donde hay unas muertes- por el mismo modus operandi- donde arrollan a un peatón en una carretera que es carretera de estas de pueblo y casi al frente de la acusada número 1 ocurrieron dos muertes en fechas diferentes de dos hermanos. Los dos asegurados fraudulentamente por esta señora y los coacusados. Estas personas no sabían que estaban asegurados y lo que faltaba para poder cobrar la póliza era que los mataran y eso fue lo que pasó', dijo la fiscal en conferencia de prensa.

'Si vas a los informes de la Policía, vas a ver que solamente ellos dos han muerto atropellados en esa calle. Esta investigación continúa. Y si encontramos la evidencia más robusta, no solamente circunstancial- por conclusiones que para mí están más que claras- pero a nosotros nos interesa hacer las cosas más blanco y negro y vamos a encontrar que esto es un caso elegible a pena de muerte', añadió.

En el caso de Daniel Santiago Ramos y Reinaldo Santiago Torres, murieron en dos tiroteos, uno el primero de julio de 2011 y el segundo el 28 de agosto de 2012.

'Estamos investigando, para ver si añadimos cargos de pena de muerte, porque la información que tenemos es que hubo unos disparos a propósito para cobrar el seguro. No fue por narcotráfico ni nada por el estilo', sostuvo.

La fiscal mencionó que aunque tienen evidencia documental en este caso, lo que falta para la radicación de pena de muerte es, entre otras cosas, vincular a las personas que arrollaron y los involucrados en los tiroteos con los supuestos conspiradores.

'Estamos buscando más personas tambien, pero queríamos sacar este caso rápido y despues corroborar si hay más víctimas', expresó.

La fiscal federal mencionó que la identidad de los ancianos se obtuvo como parte de la documentación que se requiere para que pueda estar en un hogar. Para las personas a las cuales se les robó la identidad, pero que no estaban en el hogar ni tenían vínculos con el mismo, se explicó que los supuestos conspiradores utilizaron varias herramientas para obtener la información.

Por estas acusaciones estas personas se exponen a una pena máxima 20 años de prisión. Si se consiguen las piezas de evidencia restantes, la fiscalía federal presentará acusaciones elegibles para la pena de muerte.