El Senado aprobó dos resoluciones el pasado jueves que buscan atender la problemática de la violencia de género.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) respaldó nuevamente que se decrete un estado de emergencia para combatir la violencia de género, a tono con las exhortaciones del Senado de Puerto Rico, cuerpo legislativo que también se adentrará en la manera en que las agencias gubernamentales atienden las querellas y a las víctimas.

“Nuestra Oficina apoya toda medida que redunde en la seguridad de nuestras mujeres. A través del estado de emergencia se lograría allegar recursos de una forma más eficiente y ágil a nuestra Oficina y las organizaciones que trabajan día a día en la erradicación de la violencia de género”, expresó la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.

El Senado aprobó dos resoluciones el pasado jueves que buscan atender la problemática de la violencia de género. Una de las medidas le solicita al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que decrete un estado de emergencia por este mal que cobró la vida de alrededor de 30 mujeres en el 2020 y seis mujeres transgénero.

El Gobernador, quien se comprometió durante su campaña política a atender el asunto tan pronto llegara a La Fortaleza, no ha decretado el estado de emergencia, según la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, porque “no va a ser algo que se haga para salir del paso”.

La segunda medida solicita una investigación sobre la manera en que las agencias gubernamentales atienden estos casos y cómo la OPM maneja las querellas que llegan a su oficina.

En declaraciones escritas, Boria Vizcarrondo explicó a NotiCel que la oficina no lleva a cabo investigaciones como lo hacen el Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. La OPM más bien funge como centro de orientación, educación y canalización de servicios a las víctimas a través de su división legal y del Centro de Respuesta Integrada, Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS).

No obstante, como agencia independiente, fiscaliza el rol de las agencias gubernamentales que tuvieron a su cargo la investigación porque es usual que, al recibir una queja sobre violencia de género, se alegue que hubo mal manejo por la Policía o Fiscalía.

Según Boria Vizcarrondo, este es el protocolo que se sigue en esos casos:

Policía:

Fiscalía:

Las querellas que la OPM atiende son sobre hostigamiento sexual en el empleo, lactancia y protocolos de violencia doméstica, también en el empleo.

“Al tener una querella bajo una de estas leyes protectoras, se comienza una investigación con un Requerimiento de Información y Producción de Documentos. Una vez se culmine la investigación, se determina si hubo un incumplimiento en derecho. De haber un incumplimiento se procede con el procedimiento adjudicativo y se impone la multa al patrono, tanto público como privado, y la compensación correspondiente en ley para la participante”, declaró la Procuradora.

En los pasados dos años, la OPM ha sido citada a varias vistas públicas en la Asamblea Legislativa, entre ellas una celebrada para investigar todo lo relacionado al aumento secuestros y desapariciones, particularmente, entre mujeres y niñas el pasado septiembre.

En ese entonces, Boria Vizcarrondo fue blanco de críticas por su ausencia en la discusión pública sobre este mal. Expertos indicaban que, aunque la OPM no tiene amplio control, la actual procuradora podía hacer más y mejor trabajo.

Boria Vizcarrondo, en cambio, pidió a los políticos que hicieran más y hablaran menos, además de que asignaran más fondos para atender esta crisis.

Aunque en el Senado se desató una discusión sobre la viabilidad y efectividad de estas resoluciones, la petición de un estado de emergencia solo contó con dos votos en contra, a saber: Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad.