Pese a que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó la reducción de gastos en contratos desde su primer día al mando, en el Departamento de Educación no ha sido la norma.

Sumado a eso, el plan fiscal de la agencia --presentado por la secretaria Julia Keleher a finales de enero-- no contempla los costos de empleados administrativos y de confianza, así como consultores y otros pagos, los cuales sobrepasan los 15 millones de dólares con el 30 de junio del año en curso como fecha de vencimiento.

La mayor parte del dinero se destina a consultores y servicios relacionados a los sistemas de información. Los recipientes, en cambio, incluyen exmiembros de la administración gubernamental actual y de pasados cuatrienios, con o sin experiencia en el área de educación pública.

Ejemplo de ello es Amílcar González Ortiz, quien dirige la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), y obtuvo un contrato como consultor administrativo en junio de 2017 por $25,000 en el Departamento de Educación.

El pacto fue de un mes, y le siguieron contratos con la Oficina del Gobernador por un total de $60,000. Previo a ello, González Ortiz devengaba $7,000 mensuales en marzo por un acuerdo de consultoría con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Al igual que Keleher, González Ortiz no cobra por su cargo gubernamental oficial en AEP.

La Secretaria de Educación, en cambio, realiza la labor 'gratis' pues su salario proviene de su cargo como principal oficial de Transformación e Innovación de Educación del Gobierno de Puerto Rico, por el cual recibe $125,000.

Por otra parte, la firma legal Wolf Popper, de la cual el exrepresentante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez Sifonte, es parte, ha tenido al menos dos contratos con el Departamento de Educación.

El primero, de febrero a junio de 2017, tuvo un costo de $493,756 por concepto de servicios legales. Sin embargo, desde el 13 de julio de ese mismo año --y vigente hasta el 30 de junio de 2018-- sostienen un acuerdo por $1,185,014, según la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

En su primera orden ejecutiva como gobernador, Rosselló Nevares decretó que las agencias públicas debían establecer medidas de control y reducción de gastos en relación a la contratación de arrendamientos y servicios.

Un aumento similar al de Wolf Popper lo experimentó la compañía Rock Solid Technologies que, de un contrato de $358,040 en el 2017 recibieron un incremento a $3,244,400 con la renovación del 2018. La empresa se dedica al desarrollo de sistemas de información y ha ofrecido becas y subvenciones a estudiantes.

En esa línea, BDO Puerto Rico tambien recibió un oneroso incremento pues, los dos contratos con el Departamento de Educación en el 2017 sumaron un estimado de $800 mil, mientras que en el 2018, recibirán alrededor de seis millones de dólares. La compañía sirve de consultora legal y auditores externos.

Asimismo, Interboro Systems Corporation tambien ha sido una empresa agraciada con un incremento en los acuerdos con el Departamento de Educación, contrario a las exigencias de Fortaleza.

El pasado año, el contrato ascendía a $400,000. De acuerdo a Contraloría, desde agosto consiste de $3,036,208. La compañía asiste en el sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias de los empleados.

En esa lista de aumentos de un año a otro tambien se encuentra la American Association of School Administrators, por servicios de adiestramientos, y Connected Consulting Services, en sistemas de información.

Los costos incurridos por el Departamento de Educación son mayores a los aquí presentados si se suman otros gastos operacionales, no obstante, su totalidad tampoco fue presentada en el plan fiscal.

El plan fiscal de la agencia propone el cierre de 307 planteles escolares --adicionales a los ya clausurados--, y un incremento de $1,500 anuales al salario de maestros. En la secuela del huracán María, la propia agencia ha dicho que el sistema ha perdido a unos 31,000 estudiantes.