Se facturaron servicios de fotografía por hasta $8,500 mensuales, a pesar de que la Oficina del Gobernador contaba con un fotógrafo oficial en su nómina.

La Oficina de Contraloría en Puerto Rico (OCPR) publicó hoy los resultados de una investigación tras una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con contratos para brindar servicios de fotografía formalizados entre una corporación y la Oficina del Goberndor (OG), entre los años 2017 al 2019, y la utilización de una tarjeta de crédito de la OG para fines personales de un ayudante especial.

Según se desprende del documento de la OCPR, se facturaron servicios de fotografía a pesar de que la OG contaba con un fotógrafo oficial en su nómina durante ese período de tiempo, que comprendía desde el 4 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019.

Además, trascendió que un ayudante especial utilizaba la tarjeta de crédito para realizar compras personales.

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El primer contrato de fotografía fue otorgado el 23 de enero de 2017, y su vigencia fue hasta el 30 de junio de 2017. En el mismo, se estipuló que al contratista se le pagarían $80 por hora, hasta un máximo de $8,000 mensuales. Dicho contrato fue enmendado el 3 de febrero de 2017.

Por otro lado, el segundo contrato comenzó el 11 de julio de 2017, y estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2018. En este se hizo un aumento al contratista, al que pagarían $85 por hora, hasta un máximo de $8,500 mensuales. Este contrato tuvo dos enmiendas, firmadas el 22 de febrero de 2018 y el 21 de marzo de 2018.

Adicional a su salario, al fotógrafo se le habrían reembolsado $13,903 por concepto de gastos de viajes.

Sobre la utilización de una tarjeta de crédito, el informe de la OCPR reveló que el ayudante del gobernador utilizó la tarjeta para realizar compras personales por $1,536, de los cuales rembolsó $952.

Al 10 de octubre de 2019, el balance de la tarjeta era de $10,768.

A manera de conclusión, el informe de la OCPR establece que la corporación contratada para realizar servicios de fotografía conllevó el pago innecesario de $135,140 por los servicios prestados.

"Esta situación es contraria a lo establecido en los contratos y a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 237-2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA, según enmendada", lee el documento.

Asimismo, sobre la tarjeta de crédito señalaron que "la falta de controles adecuados sobre la tarjeta de crédito permitió que el ayudante especial la utilizara para realizar compras personales, lo que propició el desembolso innecesario de fondos públicos. Esta situación es contraria a lo establecido en el Artículo 9(k) de la Ley 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada, que prohíbe el uso de la tarjeta de crédito para transacciones personales".

Adjuntamos el documento de la OCPR al final de este texto, y también puede verlo en https://www.ocpr.gov.pr/.