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Gobierno

Gobierno quiere superar daños de María a ciegas

No tendrán estimado de daños reales hasta 2019

En su cuarta misiva mensual enviada al Congreso de los Estados Unidos, el Gobierno de Puerto Rico dejó claro que, aún a más de ocho meses despues de los huracanes Irma y María, continúa 'refinando' sus objetivos para el Plan de Recuperación de desastres de la Isla y el uso dispuesto para el dinero que todavía no ha recibido.

En la carta hecha pública ayer, miercoles, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dirige su atención al futuro de la Isla a base de los planes 'Build Back Better', por el cual solicitó al Congreso $94 billones y se han aprobado menos de lo proyectado; el nuevo Plan Fiscal Certificado, avalado por la Junta de Control Fiscal (JCF); y el Plan para Puerto Rico, documento base durante su campaña rumbo a La Fortaleza.

Es por eso que el documento aparenta tomar un tono de superación de los huracanes Irma y María, contrario a los tres escritos previos.

La carta menciona los fenómenos atmosfericos en una sola ocasión con motivo de señalar que la tasación oficial de daños, que entre otras cosas provocaron el colapso de la infraestructura electrica, la destrucción de más de 200,000 viviendas y un número de muertes indefinido, estará lista para el año entrante.

'Una evaluación completa de los daños y los costos resultantes de los huracanes Irma y María no llegará hasta que se logre un acuerdo sobre todos los costos finales bajo el proceso de la Sección 428, el cual está pautada para concluir en octubre 2019', afirmó Rosselló Nevares.

Según una de las misivas anteriores, esa información serviría para la preparación ante próximas temporadas de huracanes. La temporada 2018 comenzó el pasado 1 de junio.

Con sus palabras, el Primer Ejecutivo hace referencia a la sección del Stafford Act que detalla los procedimientos para subvencionar proyectos de gran escala mediante fondos de Asistencia Pública, especificación elegida por el gobierno local.

Esta es solo la cuarta misiva que cursa el Primer Mandatario a los líderes legislativos del Congreso como parte de las condiciones para recibir los fondos para Puerto Rico incluidos en el Bipartisan Budget Act of 2018.

Dentro de esos requerimientos, el Gobierno debe someter al Congreso un informe que describa el progreso mensual y el estado de la Isla por los próximos dos años.

La sección dedicada a Puerto Rico en el proyecto tambien indica que toda subvención mayor de diez millones de dólares debe ser sometida a la JCF para su aprobación.

Igualmente, y aunque no lo menciona expresamente, las palabras de Rosselló Nevares remiten a las condiciones impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el pareo de fondos federales.

Estas son:

Con el apoyo de expertos del tercer sector, Puerto Rico debe establecer una autoridad que administre los fondos para asegurar el buen manejo del dinero, los proyectos y ejercer mayor control sobre la distribución de los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles).

Toda subvención de proyectos de gran escala deben ser obligados por FEMA a traves de procedimientos alternos.

La subvención de mitigación de riesgos disponible bajo la sección 404 de la Ley Stafford debe tener prioridad para proteger las inversiones federales en la infraestructura pública de Puerto Rico.

Desde el mes de octubre se ha denunciado la detención de los fondos de recuperación, particularmente ante la falta de una estructura gubernamental que concuerde con las especificaciones federales.

Ante ese panorama, y mediante la Orden Ejecutiva 65-2017, Rosselló Nevares creó la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR). Más adelante el documento fue enmendado por la Orden Ejecutiva 69-2017, debido a dudas sobre sus disposiciones señaladas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Luego, en enero, Rosselló Nevares atribuyó el retraso a que su Administración decidió convertir al Estado en recipiente principal de los fondos para servir de filtro ágil hacia las corporaciones públicas y municipios en necesidad.

Por esa razón, los fondos continuaban detenidos en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fuera de eso, responsabilizó al Departamento del Tesoro por la falta de compromiso para entregarlos.

Sin norte claro

Según se desprende de la carta, Rosselló Nevares alude a dos marcos de referencia --'inversiones capitales' e 'iniciativas estrategicas'-- para el dinero de reconstrucción, pero admite desconocer el curso de acción que tomará su Administración referente a ellos.

'Actualmente estamos en el proceso de evaluar y seleccionar cuáles Cursos de Acción (COAs, como los abrevia) deberíamos emprender para lograr nuestros objetivos estrategicos. A la fecha, 300 COAs han sido identificados a traves de un proceso holístico', declaró el Gobernador.

Entre los posibles enfoques de inversiones capitales o necesidades de infraestructura, se encuentran tímidamente descritas en la carta las áreas de energía, transportación, telecomunicación, educación, edificios públicos y salud.

'Transformar el sistema de energía para asegurar que sea centrado en el consumidor, moderno, asequible, de confianza, renovable, escalable y redundante', describió Rosselló Nevares, sin entrar en detalles sobre la cantidad de residentes sin el servicio ni el plan de privatización de activos de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

A principios de semana, la Asamblea Legislativa aprobó con enmiendas la 'Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico' y ahora aguarda la firma del Gobernador.

En cuanto a las iniciativas estrategicas, o aquellas que buscan un resultado económico o social mediante inversiones y cambios de política pública, Rosselló Nevares nuevamente parece hacer referencia a medidas impulsadas dentro del Capitolio sin nombrarlas directamente.

Ejemplo de ello es la mención a la transformación agrícola y la economía del visitante, ya que ambas forman parte del controvertible Código de Incentivos que se encuentra en discusión en el Senado.

En la carta enviada en mayo, el Primer Ejecutivo vaticinaba la identificación de cursos de acción y las áreas así como la creación de un Análisis de Daños y Necesidades (DNA, según abreviado).

El Plan de Recuperación debe someterse al Congreso el 8 de agosto del año en curso con la inclusión de comentarios públicos.

'Si bien el momento es difícil, anticipamos buscar comentarios públicos sobre los componentes del plan antes de fines de julio para incorporarlo al Plan de recuperación final', observó Rosselló Nevares.

Lee la carta aquí:

El Gobierno debe someter al Congreso un informe que describa el progreso mensual y el estado de la Isla por los próximos dos años. (Archivo / NotiCel)
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