La fricción política interna entre altos funcionarios del Partido Nuevo Progresista respecto al presupuesto y la derogación de la Ley 80 deja en manos de la Junta de Control Fiscal (JCF) la próxima movida, una cuyo alcance podría ser nefasto para el pueblo y la economía de Puerto Rico.

Por un lado, la Rama Ejecutiva continúa la ferrea defensa del acuerdo alcanzado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y la JCF que buscaba salvaguardar el bono de Navidad y las licencias por concepto de días de enfermedad y vacaciones, entre otros, a cambio de derogar la Ley 80 sobre despido injustificado.

Bajo los cálculos de la JCF, la existencia de la Ley 80 limita la inversión foránea en Puerto Rico, por lo que tiene implicaciones negativas en el presupuesto.

En cuestión de horas, funcionarios como el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortes, han cerrado filas con el Primer Mandatario al advertir al resto de la Administración sobre las 'consecuencias' de no honrar el pacto.

Mientras, desde la Rama Legislativa, el Senado se negó a eliminar el estatuto y cimentó su intención de trasladar la batalla a los tribunales en aras de combatir cualquier recorte presupuestario a las agencias de gobierno.

Este panorama provoca contables reacciones de la JCF --creada por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), el Senado y el Ejecutivo.

De acuerdo al licenciado experto en PROMESA, Rolando Emmanuelli, a la JCF le corresponde evaluar sus proyecciones económicas con y sin tomar en consideración la derogación de la Ley 80.

'A mi juicio, mediante las expresiones públicas han reconocido que la única alternativa que les quedaría sería aprobar un presupuesto que recoja unos recortes equivalentes a lo que ellos estiman que la derogación de la Ley 80 iba a proveer en recaudos. No le veo posibilidades a decir que la Ley 80 puede derogarse con el Plan Fiscal, aunque ellos han hecho otras cosas similares en el pasado', señaló Emmanuelli.

El caso referido se remonta a la designación de un Principal Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Electrica por parte de la JCF. Aunque la jueza Laura Taylor Swain --quien tiene a cargo el caso de quiebra de la Isla-- denegó la petición, el pleito sentó un tipo de precedente sobre el alcance de la entidad.

La Ley PROMESA estipula que la JCF está facultada para derogar estatutos aprobados en una fecha posterior a la certificación de un Plan Fiscal, con el pretexto de que no vayan acorde al documento que contiene la ideación económica futura del país.

Es por eso que el grupo no ha decidido poner punto final a la Ley 80, vigente desde el 1976.

'Ellos tendrían que asignarle un valor a los supuestos recaudos y recortarlos para que cuadre el presupuesto, pero no entiendo que tengan la facultad de anularla. Por eso han estado en ese tejemeneje, esa lucha, ese afán. Esto va más allá de una determinación racional económica. Es como una obsesión que tiene la Junta con la Ley 80', apuntó Emmanuelli.

Según el abogado, el mercado detrás de la anulación podría ser la creación de una póliza que protegería a los trabajadores del despido injustificado. Su coste, indicó, sería debitado de la nómina de manera automática.

Ante este panorama, la JCF tiene al menos una semana para certificar el próximo presupuesto. Tal como lo decretó en el 2017, podrían dar paso a su propia versión. Tal como ha trascendido, se basarían en el Plan Fiscal aprobado el 19 de abril del año en curso.

Esa versión, empero, no contó con el aval unánime de la JCF, puesto que Ana Matosantos se opuso por entender que las propuestas de la JCF no capitalizaban suficientemente sobre fondos federales disponibles. Además, señaló que el documento no proveía un camino realista para lograr el repunte económico que necesita Puerto Rico y era 'mucho dolor con tan poca promesa'.

En ese aspecto, el presupuesto de la JCF consiste de al menos $30 millones menos que el sugerido por el Gobierno. Entre los cambios contenidos en el mismo se encuentran recortes a los departamentos de Salud y Educación y las Salas de Emergencias de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y el Tribunal General de Justicia.

Mientras que el Senado, por voz de su presidente Thomas Rivera Schatz, manifestó su disposición de acudir a los tribunales para abogar por más dinero en estas partidas, en unos días el cuerpo legislativo tendría que despedirse de esas vías.

'La ley dice que la legislatura no podría enmendar el presupuesto si no es con el consentimiento de la Junta, así que se le ata las manos. Una vez se aprueba el presupuesto mediante certificación de la Junta, la legislatura no tiene espacio para enmendar el presupuesto', esbozó Emmanuelli en alusión a la Ley PROMESA.

'La Junta tiene el poder absoluto de aprobar el presupuesto. Cuestionar la discreción de la Junta en torno a estos asuntos no va a tener posibilidades en el tribunal. PROMESA es una ley imperial colonial y la Ley le reserva la discreción absoluta a la Junta. El Senado podría ir a cuestionar las acciones de la Junta si la Junta dijera que a partir de esta certificación, la Ley 80 está anulada', añadió el licenciado.

En ese sentido, sería un malgasto de fondos públicos y de tiempo el empleo de la vía legal para impugnar un presupuesto certificado. Igualmente, Emmanuelli vaticinó que la jueza Swain se mantendrá al margen de la definición de poderes de la JCF hasta tanto no se alcance la etapa del plan de ajuste de deudas.

Así las cosas, y a juicio de Emmanuelli, restaría conocer las proyecciones de los economistas de la JCF, que posiblemente 'se den contra una pared' a raíz de la economía decreciente de Puerto Rico, especialmente tras el impacto de los huracanes Irma y María hace más de ocho meses.

Esto significa que la JCF tendrá que realizar ajustes conforme a los recaudos reales, lo que a su vez precariza aún más la situación fiscal de individuos, agencias y empresas de la Isla.