El Departamento del Tesoro federal dijo que evalúa en Puerto Rico la posibilidad de actividades financieras ilícitas en la compra de propiedades en efectivo y mediante el negocio de las criptomonedas.

La comisionada residente Jenniffer González expresó que la antigua Ley 22, cuyo contenido forma parte del Código de Incentivos, debe ser sometida a una revisión y enmiendas, tras surgir el cuestionamiento de que la integración de dicha ley en Puerto Rico puede ser la razón del incremento de compra de propiedades en efectivo.

Estas transacciones han levantando bandera ante el gobierno federal por existir la posibilidad de que se se estén comprando bajo una actividad financiera ilícita.

González hizo las expresiones luego de una reunión con el Departamento del Tesoro Federal, cuando identificaron áreas susceptibles en las instituciones financieras en la isla, específicamente en la compra de propiedades en efectivo en los últimos años y mediante el negocio de las criptomonedas.

La Ley 22 está bajo el Código de Incentivos del 2019 y permite que extranjeros se muden a Puerto Rico a cambio de no pagar contribuciones sobre las ganancias, intereses y dividendos que generen. Dicha ley concedió exenciones contributivas sobre ingreso, productos de inversiones e ingresos devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico. Esta ley establece las exenciones hasta el 31 de diciembre de 2035.

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“Cuando esta ley de incentivos se aprobó para Puerto Rico, la realidad es que Puerto Rico no tenía dinero suficiente en la banca local para dar préstamos. Nuestra industria bancaria había sufrido grandemente, no había financiamiento para el sector privado, entre otras cosas…esta legislación permitió que llegara dinero que no había en la banca local. Dinero para formar un negocio, para empleos, adquisición de propiedades inmueble y mueble”, explicó la comisionada residente.

“Yo creo que la ley funcionó a Puerto Rico al traer estas personas que han elevado el valor de algunas propiedades, que mantienen personas empleadas…Ahora bien, la ley debe revisarse en términos en qué incentivos tu le das al empresario local que hace igual inversión o que tiene cantidad de empleados similares y no recibe un beneficio contributivo atractivo para mantener su negocio en la isla”, sostuvo.

Destacó que se desconoce aún la fiscalización de dichos beneficios que trae la Ley 22 y que es momento de evaluar la Ley. Esa responsabilidad está en manos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“La realidad es que muy poco se conoce de las investigaciones, supervisión, fiscalización que se le hace a personas que tienen este beneficio contributivo” , sostuvo.

El gobernador Pedro Pierluisi, en mayo del 2023, también había expresado que veía con buenos ojos los cambios a la Ley 22 para brindar beneficios a los puertorriqueños. Sin embargo, el avance en esta gestión a nivel de la Legislatura ha sido nulo.