Juez federal da un respiro al gobierno y urge a negociar con bonistas
El juez federal Francisco A. Besosa sostuvo la tarde del martes que se va a mantener en vigor la paralización de pleitos que dispuso la ley federal PROMESA, y señaló que la única avenida realista que le queda al Gobierno de Puerto Rico es negociar con sus acreedores, cosa que urgió hacer antes de que la paralización de pleitos se extinga por disposición de ley el 17 de febrero de 2017.
La decisión paraliza cuatro pleitos que distintos tipos de acreedores han radicado contra el gobierno, quienes alegaban que, por distintas circunstancias, la paralización de pleitos de PROMESA no les aplicaba.
Los demandantes son Brigade Leveraged Capital Structures Fund, que reclama tener deuda de $750 millones procedente del Banco Gubernamental de Fomento, National Public Finance Guarantee Corporation, aseguradores de $3,840 millones en deuda, un grupo de bonistas individuales residentes en Puerto Rico, con $100 millones en bonos, y U. S. Bank Trust National Association, fideicomisarios de $431.7 millones en bonos de la Universidad de Puerto Rico.
En la decisión, Besosa también denegó, por deficiencias procesales, una moción de intervención de la Junta de Control Fiscal creada por la ley PROMESA, que tendrá este viernes su primera reunión en Puerto Rico y que buscaba un tipo de sindicatura judicial de estas reclamaciones.
Al denegar los argumentos de los demandantes, Besosa sostiene que estos tendrán remedios para asegurar sus acreencias una vez expire la suspensión de pleitos el 17 de febrero de 2017, y que los daños al Gobierno de Puerto Rico pueden ser considerables porque se expondrían a una masiva 'ola de litigios' de parte de distintos acreedores, que no daría oportunidad a que el gobierno y la Junta pudiesen diseñar una solución ideal para el 'rompecabezas completo' que es la deuda de Puerto Rico.
'Al final, el gobierno tiene tres opciones, en teoría, para seguir adelante. Para salirse del predicamento financiero en el que se encuentra, puede: 1) hacer un compromiso serio para negociar voluntariamente con sus acreedores, 2) buscar colocarse en el proceso de reestructuración de deuda del Título III de PROMESA, o 3) recomenzar los pagos a todo sus bonistas', indicó el juez, al tiempo que concluyó que esto último es 'inviable', debido al estado actual de las finanzas públicas y a que la opción número dos requiere de una certificación de la Junta que, a su vez, exige por norma la presentación de pruebas que confirmen que se han agotado todas las posibilidades para el establecimiento de un acuerdo voluntario.
'Ante este hecho, la entusiasta revitalización del proceso de negociación voluntaria es la única ruta realista del gobierno en adelante. Con el beneficio añadido del respiro otorgado por la decisión judicial de hoy, los demandados no deben tardar en buscar esa ruta', consignó.
El gobernador Alejandro García Padilla declaró, mediante declaraciones inmediatas emitidas a los medios nada más conocerse la decisión del juez federal, estar 'muy complacido con la determinación del tribunal federal que, una vez más, valida nuestros reclamos sobre la necesidad de mantener en vigor la paralización de demandas de acreedores'.
Asimismo, el primer mandatario aseguró que, 'con ese resultado favorable en este importante caso, (...) logramos mantener la operación del gobierno durante el futuro inmediato, a tenor con las medidas implementadas bajo la Ley de Moratoria'.
Tales esfuerzos se cristalizaron en un largo proceso legal que requirió de dos días de vistas evidenciarias y de decenas de alegatos sustantivos contra múltiples demandantes, incluyendo fondos buitres, quienes exigían que se suspendiese la paralización de pleitos emitida por la Ley Promesa para iniciar la negociación y activar el consabido pago de la deuda por parte del gobierno de Puerto Rico.
No obstante, esta medida sigue siendo temporal, ya que el periodo de paralización de demandas dispuesto en PROMESA prescribirá el próximo 15 de febrero de 2017. Por ello, García Padilla exhortó a los miembros que componen la Junta de Control Fiscal (JCF) a que aprueben, con la mayor brevedad posible, el Plan Fiscal que él mismo presentó en la segunda reunión celebrada por dicho organismo en Nueva York, el pasado viernes, 14 de octubre.
Mediante el mismo, solicitó a este órgano que se mantuviesen los 'servicios públicos esenciales', no se despidiese a empleados públicos y que, en sustitución a la puesta en marcha de tales decisiones, se desarrolle un esfuerzo para reducir el éxodo masivo que actualmente afecta a la isla, así como la necesaria implantación de un proceso de reestructuración de la deuda, opción para la que ahora, al menos, se dispondrá de algunas semanas más de margen.
Sin embargo, el proceso de análisis del Plan Fiscal presentado por el gobierno saliente ha suscitado críticas. El diario The Wall Street Journal lo catalogó de 'insuficiente', valoración que levantó airadas protestas del gobernador y del conjunto de la colegiatura popular.
Asimismo, los siete miembros que componen la JCF, liderados por José Carrión III, anunciaron el pasado 10 de octubre que permitirán la posibilidad de que, tanto ciudadanos como empresas, organizaciones y toda clase de organismos emitan sus valoraciones y críticas del Plan, iniciativa para la cual se habilitará una dirección digital a la que los interesados podrán remitir sus comentarios.